La pensión de viudedad se fijará con una base reguladora que pasará del 52 % actual al 60 % para las personas que tengan 65 años o más y no tengan otra pensión pública. Así consta en una enmienda transaccional del grupo parlamentario catalán CiU, conocida hoy tras la reunión de la ponencia de la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados encargada de elaborar el texto definitivo de la reforma de las pensiones. También se requerirá para percibir esa pensión que no se tengan ingresos por la realización de trabajo por cuenta ajena o propia y que los rendimientos o rentas percibidos no superen anualmente el límite de ingresos que esté establecido en cada momento para ser beneficiario de la pensión mínima de viudedad. Otra de las enmiendas se refiere a los beneficios por cuidados de hijos menores y establece que se computará como periodo cotizado el tiempo en que hubo extinción laboral o finalización del cobro de las prestaciones por desempleo, producidas entre los nueve meses anteriores al nacimiento y los tres meses previos a la adopción. La duración de este cómputo como periodo cotizado será de 112 días por cada hijo o menor adoptado o acogido, y se incrementará anualmente a partir de 2013 y hasta 2018 en 14 días por año e hijo, hasta un máximo de 270 días por hijo. El parlamentario de CiU Carles Campuzano dijo que sólo se han incorporado las transacciones de su grupo, entre las que destacó, además de la enmienda ya referida sobre la pensión de viudedad, otra sobre el cómputo a efectos de Seguridad Social del periodo del servicio militar obligatorio. También se refirió a la enmienda sobre la pensión de orfandad, según la cual tendrán derecho a ella cada hijo que, al fallecer el causante, sea menor de 21 años o esté incapacitado para el trabajo. Igualmente tendrá derecho si es menor de 25 años pero no trabaja y gana menos del salario mínimo interprofesional. Campuzano subrayó otra enmienda sobre el traspaso a las comunidades autónomas de los inmuebles (centros sanitarios) de la Seguridad Social. En este sentido, el diputado del PP Tomás Burgos consideró negativamente el trabajo de la ponencia porque, dijo, no contempla la mayoría de las aportaciones de su grupo. Criticó especialmente el que se haya puesto en "tela de juicio" el patrimonio "histórico" de la Seguridad Social para "desmantelarlo". Sobre las prestaciones de viudedad y orfandad, afirmó que se trata de criterios compartidos por todos los grupos y "una reivindicación histórica del PP" que ahora debe "aceptar" el PSOE. Al PP no le "gusta" el método, según Burgos, porque no estaba en el acuerdo social. Añadió que a los agentes sociales se les había dicho que la viudedad no era en estos momentos objeto de negociación "y ahora se utiliza como moneda de cambio para conseguir un apoyo parlamentario".
