Las recomendaciones de política económica para España que aprobará hoy la cumbre de la Unión Europea (UE) priorizan la reducción del déficit público e insisten en que debe aplicarse un "estricto" control al déficit y la deuda de las autonomías, en especial tras el excesivo déficit de la mayoría de autonomías en el 2010, y las declaraciones públicas del PP sobre el descontrol del gasto. El texto de las recomendaciones fue pulido a petición del Gobierno para eliminar aspectos conflictivos.

El Gobierno, según esas recomendaciones, debe asegurarse de que se alcanzan los objetivos de reducción del déficit público en el 2011 y en el 2012 "a todos los niveles de la Administración, incluyendo la aplicación estricta de los mecanismos de control del déficit y de la deuda para los gobiernos regionales". La UE también exige que España "adopte medidas adicionales en el caso de que la evolución eco- nómico y presupuestaria no sea la esperada" para garantizar que el déficit público bajará del 9,2% del producto interior bruto (PIB) al 6% del PIB al concluir el 2011.

NORMATIVA El Consejo Europeo solicita a España "el establecimiento de una normativa vinculante de gasto a todos los niveles de la Administración", en la que se fije un crecimiento del gasto público inferior al crecimiento económico a medio plazo. Asimismo, se reclama al Gobierno español que precise las medidas concretas que adoptará para garantizar la reducción del déficit en el 2013 y 2014 al objetivo previsto del 3% y del 2,1% del PIB, respectivamente.

Las recomendaciones insisten también en que se complete la aprobación parlamentaria de la reforma de las pensiones, con el retraso progresivo de la edad de jubilación a los 67 años y el au- mento del periodo de cálculo de la pensión. Además, se piden medidas para mejorar la formación de los trabajadores mayores.

El Gobierno hizo suavizar la idea de estudiar bajar las cotizaciones sociales a cambio de subir el IVA o las tasas sobre la energía. El texto final pide que "se explore la posibilidad de mejorar la eficiencia del sistema tributaria, por ejemplo a través de desplazar la tributación del trabajo hacia los impuestos sobre el consumo y el medio ambiente".

La UE pide asimismo que se aplique la reforma de la negociación colectiva, se asegure que "los aumentos salariales reflejan mejor la evolución de la productividad" y que "las empresas tengan suficiente flexibilidad interna para adaptar las condiciones de trabajo a los cambios del entorno económico".

Las recomendaciones insisten en que se corrija el elevado fracaso escolar español, se fomente el empleo juvenil, se reduzcan las cargas burocráticas a las empresas y se liberalicen las actividades profesionales.