Las más de 700.000 personas (en su gran mayoría mujeres) que en España se dedican al trabajo doméstico se beneficiarán a partir del próximo 1 de enero del 2012 de las prestaciones por cotización a la Seguridad Social, excepto de la de desempleo. Es uno de los aspectos más destacados de la reforma de la ley de la Seguridad Social, que en su ojo de huracán tiene el polémico retraso de la edad de jubilación de los 65 actuales a los 67 años.

El reconocimiento de los derechos a los empleados del hogar es una vieja aspiración sindical y fue aprobada la semana pasada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con mandato de cumplimiento a todos los estados miembros. Ayer, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT llegaron a un acuerdo para integrar a estas trabajadoras en el régimen general de la Seguridad Social, que después fue ratificado, en forma de enmienda del PSOE, por la comisión de trabajo del Congreso por todos los grupos parlamentarios sin excepción.

Se trató de un raro caso de unanimidad política que no se manifestó en el resto de la reforma, una de las que más han sido instigadas por las instituciones de la Unión Europea (UE).

De nuevo, como ya ocurriera la semana pasada con la negociación colectiva, los votos de CiU fueron claves para el Gobierno del PSOE y los diputados de ambos grupos apoyaron en su totalidad la reforma del sistema de pensiones. El PP y los diputados de ERC-IU-ICV votaron en contra y el PNV se abstuvo.

EL APOYO DEL PNV Pese a que los nacionalistas vascos no han renunciado oficialmente al acuerdo para dar estabilidad al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en esta recta final de las reformas y de la legislatura --respaldaron los presupuestos del Estado de este año, aunque aún está por ver qué pasa con los del 2012--, CiU, de forma más sigilosa, es el grupo que más propuestas ha introducido en leyes de marcado carácter socioeconó- mico. La mayoría de las enmiendas a la ley de reforma de la Seguridad Social así lo atestiguan.

Con esta estrategia, la federación nacionalista se está convirtiendo en Madrid en el auténtico soporte de Zapatero para concluir la legislatura en su plazo y sin grandes sobresaltos.

En este caso, tanto CiU como los grupos de la izquierda (ade- más del PSOE) han sido coherentes con el voto que emitieron en enero, cuando se aprobaron las recomendaciones del Pacto del Toledo, que sentaron las bases para la reforma del sistema.

Por el contrario, PP y PNV han cambiado, y su voto se ha ido endureciendo en los últimos meses según se va agotando la legislatura. En enero, los populares se abstuvieron en el tema de la edad de jubilación y votaron afirmativamente a las otras recomendaciones del Pacto de Toledo. Ayer, votaron en contra.

Por su parte, los nacionalistas vascos dieron el sí al Gobierno socialista en enero, y ayer se abstuvieron. Quizá salieron escaldados de las críticas recibidas por los sindicatos nacionalistas de Euskadi, ELA y LAB, que la semana pasada se sintieron traicionados con el apoyo del partido de Iñigo Urkullu al decreto de negociación colectiva.

CRÍTICAS POR LA URGENCIA La oposición --sustente o no al Gobierno-- solo coincidió ayer en criticar al Ejecutivo por una tramitación de urgencia que ha hurtado un debate tan importante como la reforma del sistema de pensiones al pleno del Congreso, ya que la comisión tiene competencia legislativa plena, aunque antes el proyecto pasará por el trámite del Senado.

Tomás Burgos, portavoz del PP, consideró que "no es el momento adecuado" para una reforma que, según dijo, responde a una "lógica externa". El Gobierno, añadió, "solo ha querido ahorrar" y como resultado, dijo, en el futuro "las pensiones serán más bajas" y se percibirán "durante menos tiempo" al retrasarse la edad de jubilación.