La izquierda política y los sindicatos, por razones obvias, y la derecha, para no quedar contaminada. Juan Rosell no encontró ayer ningún apoyo a la propuesta de la patronal CEOE de abaratar los costes del despido. Como solo obtuvo críticas, el propio Rosell tuvo que cambiar el paso y, pese a seguir caminando en la misma dirección, llegó a decir que el coste del despido es lo que "menos importa" a las empresas y le quitó importancia como palanca para la creación de empleo.
Si las indemnizaciones por despido improcedente se rebajan a 20 días por año trabajado y a 12 días los procedentes --la media europea, según Rosell--, "probablemente los empresarios intentarían por todos los medios no despedir", dijo ayer. "Ahora, a la mínima que tenemos un problema, lo primero que se nos ocurre es despedir", añadió.
Los ministros José Blanco y Miguel Sebastián consideraron ayer el documento de la CEOE el "programa oculto" del PP, mientras que la secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez, opinó que son propuestas "propias del derecho del trabajo del siglo XIX".
Dado que todas las miradas se desviaron hacia el PP, su vicesecretario Esteban González Pons dejó claro que si gobiernan tras el 20-N no apoyarán "en ningún caso" el abaratamiento del despido y no hará una reforma laboral "sin contar con los sindicatos y la patronal". La propuesta empresarial obligó al PP a escorarse hacia el centro, por lo que González Pons aclaró que el PP es partidario de "abaratar" la contratación, aunque no especificó cómo lo haría.
