Reforma del mercado laboral, del sistema fiscal y liberalización total de los servicios son los tres ámbitos en los que el gobierno italiano de tecnócratas está trabajando y que presentará hoy, durante la tradicional rueda de prensa de fin de año. El paquete de medidas debía ser aprobado ayer en un consejo de ministros extraordinario, pero el portavoz del ejecutivo advirtió que había "para rato", antes de que los ministros terminasen.

Según las últimas filtraciones, serán suprimidas las normas que rigen el acceso a una licencia de taxi. También se liberalizará la venta de medicamentos, de manera que los fármacos de prescripción podrán dispensarse en otros establecimientos siempre que cuenten con la presencia de un licenciado en farmacia.

Serán liberalizados los servicios públicos y los transportes locales, las carreteras vinculadas a concesiones, los servicios postales y el mercado energético. En cuanto a infraestructuras, el gobierno ha desbloqueado 5.000 millones de euros para reanudar obras públicas que el anterior ejecutivo dejó a medio hacer. En las próximas semanas el gobierno decidirá qué obras proseguirán y cuales serán consideradas inútiles o inoportunas.

El capítulo de las liberalizaciones incluirá uno de los aspectos más controvertidos del programa, que el anterior gobierno conservador no logró suprimir: las normas internas sobre el funcionamiento de algunas categorías profesionales, como notarios, abogados, asesores fiscales y gestores. Hasta la fecha, un abogado no puede decidir las tarifas de su bufete, sino que está vinculado por un tarifario mínimo que fija el colegio profesional.

Sobre la reforma laboral, cuyos detalles aún no se conocen, el gobierno se propone aprobar un convenio laboral único, que comprendería unas condiciones básicas para todos los trabajadores del país, según fuentes gubernamentales.

La reforma busca acortar las distancias entre los asalariados de plantilla y los precarios, que en Italia, al contrario de España, no gozan de ninguno de los derechos reservados a los primeros, como el pago de la pensión, vacaciones y paro. La introducción del despido libre quedaría aparcado, hasta que el gobierno negocie con los sindicatos. "No será en plazos brevísimos", según fuentes del Ejecutivo.