El presidente de La Caixa, Isidre Fainé, protagonizó ayer una escena insólita. El presidente de la caja de ahorros, micrófono en mano, clausuró un acto empresarial diciendo: "No hay ninguna negociación con Bankia, ni equipo de trabajo con Bankia". Fainé salía así al paso de los rumores que apuntan a una fusión de La Caixa con Bankia.

El trasfondo es la profunda reforma del sector financiero que prepara el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que conllevará fusiones. Según fuentes del sector, la concentración que se avecina podría ser de tales dimensiones que podría dejar un mapa financiero con un máximo de 10 grupos en dos años. En todo caso, el Ejecutivo planea dar a conocer en febrero los requisitos de capital para las cajas y los bancos.

Lo que sí han dejado claro tanto Mariano Rajoy como Luis de Guindos es que las entidades financieras deberán empezar a poner a precios de mercado sus carteras de inmuebles. Al hacer esto, sus balances sufrirán una minusvalía, por lo que requerirán tener más capital guardado en la caja, es decir, aumentar las provisiones. Consecuentemente, los grupos deberán sumar esfuerzos y realizar nuevas fusiones para captar capital público o de los mercados. Estas operaciones, que en el fondo se basan en que entidades que están bien se unan a las que no lo están, se harían con un esquema de protección de activos, un colchón ante futuros morosos.

La fusión de La Caixa con Bankia (antigua Caja Madrid y Bancaja) es un rumor que planea desde los años noventa. Pero la operación entraña trabas sobre todo políticas, por el papel que juega la Comunidad de Madrid en la entidad, con Aguirre al frente, y a las reticencias del presidente de Bankia, Rodrigo Rato. "Se resistirá hasta el final", explicaban fuentes financieras. Y se deben tener en cuenta los cierres de oficinas y los despidos que podría comportar una operación así. Aunque todo dependerá en última instancia de Rajoy.

Mientras, el Gobierno estudiará hoy en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos la reestructuración del sector financiero. El Ejecutivo quiere que las mayores provisiones de la banca para afrontar pérdidas en el sector inmobiliario se carguen contra el capital, y no contra la cuenta de resultados.