Los directivos de los bancos con préstamos públicos cobrarán hasta 2,4 millones de euros en el 2014, frente al máximo anual de 600.000 euros fijado por el Gobierno para el 2012 y el 2013. Tendrán, eso sí, que haber devuelto el dinero público prestado al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El Ministerio de Economía va a permitir a estos ejecutivos financieros cobrar en el 2014 como retribución variable hasta el 60% de su sueldo fijo anual de cada uno de los tres próximos años.

Así, el presidente de Bankia, Rodrigo Rato, podría cobrar hasta 1,68 millones en el 2013. Si el directivo ha llegado a la entidad después de que recibiese la ayuda, recibirá hasta el 100% del fijo. Es el caso de Francisco Verdú, consejero delegado de Bankia, que percibirá hasta 2,4 millones.

Además, los blindajes en las entidades con ayudas no podrán superar dos anualidades del fijo. De este modo, si Adolf Todó deja Catalunya Caixa, solo podrá percibir 600.000 euros, frente a los 2,4 millones de euros pactados.

RETRIBUCIÓN VARIABLE Los ejecutivos, eso sí, podrían cobrar este año la retribución variable que les corresponda por el 2011. Economía ha previsto fórmulas para facilitar las fusiones entre entidades. Los bancos que compren cajas con ayudas no se verán afectados por los topes.

Si una entidad con dinero público compra a otra, podrá solicitar al ministerio que eleve esos topes establecidos. Y si una entidad recibe ayudas para quedarse una nacionalizada --es una novedad, porque hasta ahora estaba previsto que los apoyos los prestase el sector a través del Fondo de Garantía de Depósitos-- también podrá solicitar que no haya límites.

Así lo anunció ayer en el Senado el ministro de Economía, Luis de Guindos, quien también reveló que el Gobierno "no tardará mucho" en presentar alguna fórmula de "armonización" de las emisiones de deuda de las distintas administraciones públicas, ya que los mayores intereses que pagan las autonomías suponen un sobrecoste de 1.000 millones de euros. El Consejo de Ministros, por otra parte, suprimirá hoy mismo 27 empresas públicas estatales, el 19% del total, e impulsará la desinversión en ocho de ellas (6%).