Como es sabido, España solo logró reducir el déficit público el año pasado del 9,3% al 8,5% del producto interior bruto (PIB): 0,8 puntos. Para este año, debe recortarlo en 3,2, hasta el 5,3%. Un esfuerzo titánico. Valgan estas cifras de referencia: la tarifa eléctrica que pagan los consumidores domésticos acumula un déficit de 24.000 millones de euros, aproximadamente el 2,4% del PIB.

Un agujero inmenso e insostenible que el PP creó con el sistema de tarifas y que el PSOE no se atrevió a atajar. Los consumidores pagan a plazos el desfase en el recibo de la luz, de tal forma que alrededor de seis de cada 100 euros corresponden a consumos pasados. Desde el 2010, para descargar los balances de las eléctricas, esos plazos los perciben entidades financieras que compran los derechos de cobro en forma de deuda negociable avalada por el Estado español, y además reciben un interés.

Hasta 1997, el Gobierno fijaba el precio de la luz. Ese año, el Ejecutivo de José María Aznar liberalizó el mercado eléctrico por imperativo europeo, pero creó una fórmula para controlar la tarifa: subiera lo que subiera la energía, el recibo no se elevaría más del 2% anual. Las alzas por encima de ese límite que fueran necesarias para retribuir a las empresas se aplicarían de forma diferida en los recibos. Es la raíz del déficit de tarifa: costes que tienen las eléctricas por prestar el servicio muy por encima de los ingresos reconocidos. Los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero quitaron ese límite del 2%, pero no se atrevieron a reformar a fondo un sistema que, a cambio de contentar a los consumidores con subidas más o menos moderadas, les ha endeudado con las eléctricas (ahora con los titulares de los derechos de cobro) hasta los 24.000 millones.

CAJÓN DE SASTRE Con todo, la cantidad no es tan alta solo por el encarecimiento de la energía no reconocido en las facturas. Los sucesivos gobiernos han convertido la tarifa en un cajón de sastre. Solo el 23,1% de lo que el consumidor paga se debe realmente al coste de la energía, mientras que un 4,8% va a mantener las redes de transporte y un 15,8% a pagar la distribución de la misma.

¿A dónde va a parar el 56,3% restante? El 20% va a retribuir las energías renovables (primas a los productores) y la cogeneración; el 19,4% se destina a impuestos; el 8,6% a pagar el déficit de tarifa acumulado y un 8,3% a pagar otros conceptos.

Pero no solo los gobernantes han tenido la culpa. El mecanismo por el que se calcula la evolución del precio de la energía ha despertado todo tipo de dudas.

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