Consciente del momento crítico que vive la economía española, el Ejecutivo está volcado en explicar y tratar de convencer a los socios europeos y a los mercados de que la reforma financiera que aprobó la semana pasada es la definitiva. El ministro de Economía, Luis de Guindos, lo ha hecho esta semana con el Eurogrupo y los inversores de la City londinense; y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se encargará de explicar todas las novedades de la reforma a la cancillera alemana, Angela Merkel, y al nuevo líder francés, François Hollande, en los próximos días. Sin embargo, temeroso de que la reforma acometida sea insuficiente, el Ejecutivo del PP tiene sobre la mesa un plan B, que incluye la petición de ayuda a los fondos europeos.
Según fuentes gubernamentales, el Gobierno no descarta la posibilidad de tener que solicitar entre 30.000 y 40.000 millones de euros al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, que a partir de julio dejará paso al nuevo Mecanismo Permanente de Estabilidad. Desde hace semanas, fuentes del sector financiero consideran inevitable esa especie de intervención blanda en un momento en el que el negocio está estancado por la recesión y la morosidad va en aumento. "Espero que el Gobierno español haga lo que tenga que hacer", respondió esta semana el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, cuando se le pregun-tó si creía que España necesita-ría el apoyo del fondo de rescate.
PROVISIONES En los últimos tres años, las entidades bancarias españolas han tenido que dedicar ingentes cantidades de dinero a las llamadas provisiones, un colchón para cubrir las posibles pérdidas derivadas de los créditos morosos, de la caída del valor de los activos inmobiliarios y de la abundante deuda pública de los países periféricos. Esos requerimientos, que ya se han elevado por ley en dos ocasiones este año (de 54.000 millones de euros, en febrero, y de 28.000 millones en total, el viernes pasado), van a dejar a algunas entidades con sus arcas vacías por la imposibilidad de generar los recursos suficientes.
La petición de ayuda a los fondos europeos llegaría siempre que quedara acreditado que la entidad no puede hacer frente a las provisiones y al mismo tiempo mantener el nivel de solvencia exigido por la regulación, y después de que el Gobierno español se mostrara incapaz de dar ayudas públicas. Alcanzado ese punto, el Ejecutivo sería el que daría el paso y reclamaría el apoyo del mecanismo que esté en marcha en ese momento.
Esta posibilidad que, según fuentes gubernamentales, se estudia como última opción porque dejaría a España en una posición todavía más débil en los mercados de deuda, fue defendida por algunos dirigentes conservadores antes de las elecciones del pasado mes de noviem-
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