El banco que presidía el exvicepresidente del Gobierno del último Ejecutivo de José María Aznar, el de mayor ímpetu liberal y adalid de las privatizaciones y de la reducción del Estado, Bankia y Rodrigo Rato, respectivamente, pasará a ser ahora la mayor banca pública española. O al menos bajo el control del Estado, convertido mediante el FROB en su principal y decisivo accionista. Un Ejecutivo de derechas se dedica a nacionalizar bancos y a privatizar servicios públicos básicos.

No es la primera vez que se producen cambios radicales de discurso o actuación desde las instituciones con la misma persona, Rato, de protagonista. Como vicepresidente, negó siempre la existencia de una burbuja inmobiliaria y el peligro de explosión con los efectos negativos que esta conllevaría para el país. Era de los que afirmaba que si en España se construían tantos pisos era porque se podían comprar. No pasó mucho tiempo entre estas frases y las advertencias del mismo personaje, esta vez con el sombrero de máximo dirigente del Fondo Monetario Internacional, sobre el peligro de un exceso de producción de viviendas en el país y un abuso del crédito.

Tampoco pasó mucho tiempo entre estas últimas advertencias y las nuevas prácticas del exvicepresidente al asumir el liderazgo de Caja Madrid. Las antiguas críticas a las cajas por su excesiva politización quedaron en un cajón, igual que los temores ante un estallido de la burbuja y, esta vez con el sombrero de cajero, engulló a otras cajas que habían concedido créditos sin precauciones, como se ha visto ahora, e incluso convenció a millares de ahorradores para que apostasen por la nueva Bankia en su salida a bolsa. De momento, no ha dicho nada de la entrada del Estado en el banco privado para socializar, de entrada, sus pérdidas, aunque el teórico objetivo sea recuperar lo invertido por el erario. También se tenían que devolver los más de 4.000 millones de préstamos del FROB a Bankia y lo que ha sucedido es que se han convertido en capital de una entidad que llegó a tener su futuro más dudoso que nunca antes de esta medida.

El gran problema es que el caso de Bankia no es único. La desconfianza internacional sobre el conjunto de la banca española va en aumento y el Gobierno ha intentado recuperar esta confianza perdida con una inyección de caballo en forma de provisiones sobre los créditos a los promotores considerados buenos, es decir, que se pagan con regularidad. Pero esta medida, como han destacado algunos expertos, es un arma de doble filo: más de uno puede pensar que si un Gobierno considera necesario adoptar este tipo de acciones, debe de ser porque quizá estos créditos normales no lo son tanto.