La Audiencia Nacional ha dado carpetazo a la investigación abierta contra el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, su hermano Jaime, sus hijos y sus sobrinos por las cuentas que tenían en un banco en Suiza. La familia Botín ha regularizado 200 millones de euros de forma "voluntaria" y, por tanto, se les aplica la norma que obliga a cerrar un proceso penal si se han saldado las cuentas con el erario antes de que Hacienda abra un expediente.

Este proceso se inició en el 2010 después de que Francia informara a las autoridades españolas de la existencia de estas cuentas en el HBSC de Suiza. Botín rechazó cualquier tipo de irregularidad y aportó "ingente documentación" para acreditar que había pagado a Hacienda.