El Gobierno apunta hacia el policía --la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)--, al que acusa de poca diligencia a la hora de velar para que las entidades financieras no cometieran abusos en la venta de participaciones preferentes: deuda perpetua en la que se han quedado atrapados muchos clientes bancarios sin ser conscientes del tipo de producto que suscribieron. El ministro de Economía, Luis de Guindos, afirmó ayer que el supervisor del mercado "debería haber velado más por el inversor" de las preferentes y haber vigilado con "más diligencias" su venta.

Guindos realizó esta consideración en la sesión de control al Gobierno en el Senado y en relación con una pregunta de Francisco Utrera, del PP, acerca de la posición del Gobierno en relación con los tenedores de participaciones preferentes en entidades bancarias. Guindos reconoció que, pese a que estos productos financieros son "extremadamente complejos", su comercialización aumentó a partir del 2009. No obstante, criticó que las participaciones preferentes se colocaron entre pequeños y medianos inversores, cuando sus destinatarios deberían haber sido personas con una mayor preparación financiera.

Por ello, debería haberse mejorado la información y la supervisión de estos productos. El anterior Gobierno "olvidó el impacto" que podría tener su comercialización, y "la CNMV debería haber velado más por el inversor", comentó el ministro.

En febrero, la CNMV ya aseguró que vigilará de cerca las participaciones preferentes y las emisiones de renta fija, para lo cual dijo que preparaba una guía con los criterios de canje de estas emisiones, que impida que se cambien por productos aún más complejos, algo que "no considera aceptable".

CLIENTES MINORISTA En el 2009, en plena debacle financiera, la banca necesitaba capital y se lanzó, auspiciada por el Banco de España, a colocar preferentes. Las entidades se centraron en colocar las emisiones a sus clientes minoristas, en muchos casos sin explicarles demasiado lo que compraban. A cuatro de las 17 entidades que realizaron estas ventas se les abrió un expediente sancionador --que aún no se ha cerrado-- por mala comercialización que les podría costar hasta el 5% de sus recursos propios.

La CNMV, no obstante, defiende que no se produjeron "incumplimientos generalizados" por parte del sector. Los bancos y cajas debían recabar la firma de sus clientes hasta en tres documentos, lo que les guarda las espaldas ante reclamaciones. Pero muchos de los compradores dicen que firmaron engañados.