Por encima de toda previsión. La nacionalización de Bankia va a tener un coste elevado para los contribuyentes: 23.465 millones de euros (3,9 billones de pesetas), unos 497 euros por español. Pese a que el Gobierno del PP ha insistido desde su llegada al poder en que la reestructuración de la banca no se cargará sobre el ciudadano, nada más lejos de la realidad. Ya ha habido otras nacionalizaciones (CatalunyaCaixa, Nova Caixa Galicia y Banco de Valencia), pero ninguna con un coste tan elevado. El consejo de administración aprobó ayer el plan de saneamiento presentado por José Ignacio Goirigolzarri, el nuevo presidente de Bankia en sustitución de Rodrigo Rato, la reformulación de las cuentas, con perdidas de casi 3.000 millones, y la renovación del consejo.

El plan, elaborado con el asesoramiento de Goldman Sachs, deberá ser aprobado posteriormente por el Ministerio de Economía, el Banco de España, que lo conocen, y las autoridades europeas. Incluye además de la solicitud de ayudas públicas multimillonarias la venta de participaciones industriales del grupo. Antes incluso de conocerse la decisión del consejo, la agencia de calificación Standard & Poor's rebajó a bono basura la calificación de la entidad financiera, además de otras cuatro.

El plan de viabilidad supone una inyección nueva de 19.000 millones de euros, que deberán sumarse a los 4.465 millones que ya inyectó el Estado en concepto de participaciones preferentes suscritas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que estaban aparcadas en la matriz del grupo Banco Financiero y de Ahorros (BFA). Nada más acceder al cargo, Goirigolzarri, comunicó al Banco de España que no podría hacerse cargo de la devolución de ese préstamo, lo que otorga al FROB una participación del 45% del capital de Bankia. Con las nuevas inyecciones de fondos, el Estado tendrá el control absoluto del grupo financiero. Bankia tiene requerimientos de provisiones y capital por valor de 8.745 millones como consecuencia de los decretos aprobados por el Gobierno del PP. Pero la revisión de la cartera inmobiliaria ha identificado necesidades adicionales de 4.000 millones. En total son 12.745 millones a los que hay que sumar 5.500 millones de la revisión de la cartera no inmobiliaria y 6.700 millones de las minusvalías de las participaciones industriales y los créditos fiscales. En total, 24.945 millones, de los que deberán descontarse unos 5.945 millones en concepto de nuevos créditos fiscales generados a partir de la nueva situación.

EFECTO NETO / El efecto neto asciende a 19.000 millones a los que se suman las participaciones preferentes del FROB. Para llevar a cabo el saneamiento, el Estado suscribirá una ampliación de capital por valor de 19.000 millones de euros en BFA, lo que se producirá en junio, de manera que tendrá el control absoluto de la matriz. Finalmente, BFA recapitalizará su filial, Bankia, con 12.000 millones de euros mediante una ampliación de capital con derecho de suscripción preferentes para los accionistas actuales.

El objetivo es que quienes compraron acciones de Bankia -el 55% de su capital cotiza en el mercado- puedan mantenerse como inversores si deciden suscribir la ampliación en la proporción que les corresponda. Si no lo hacen, el valor de su paquete de acciones se reducirá prácticamente a cero, como ya ocurrió con la ampliación de capital de Caja de Ahorros del Mediterráneo que anuló el valor de las cuotas participativas emitidas por la caja.

Goirigolzarri destacó ayer que «los clientes de Bankia pueden tener la absoluta confianza de sus ahorros están más seguros y garantizados que nunca».