La Comisión Europea estima que "las incertidumbres sobre el plan de saneamiento bancario español deben ser despejadas cuanto antes", ya que esto contribuirá que los inversores recuperen la confianza en España y dejen de penalizar la deuda pública. El Ejecutivo comunitario espera que el Gobierno formalice "en breve" su petición de ayuda europea para recapitalizar la banca y que explique los detalles del proceso de recapitalización que piensa realizar en las entidades financiera en apuros. "Esto ayudaría a tranquilizar a los inversores que tiene aversión al riesgo y a las incógnitas", ha señalado fuentes comunitarias.

"Existe una fatiga en los mercados y los inversores" sobre la crisis bancaria española, porque ya han transcurrido casi cuatro años desde el inicio de la crisis financiera y España aún no ha resuelto sus problemas bancarios, han indicado otras fuentes de la Unión Europea (UE).

"La confianza no se puede recuperar de un día para otro, sino que requiere tiempo y perseverancia", han insistido fuentes comunitarias ante la desconfianza de los inversores hacia la deuda pública española. "La confianza puede perderse de golpe, pero tarda mucho luego en poder recuperarse", han explicado las mismas fuentes.

Aplicar las reformas previstas

La Comisión Europea ha vuelto a subrayar que es fundamental para los países sometidos a presión de los mercados, como España e Italia, que los gobiernos actúen de "forma previsible" y que "apliquen de forma determinada los compromisos adquiridos" de reformas y saneamiento de las cuentas públicas. Las vacilaciones o el retraso en aplicar las medidas necesarias tienen un impacto muy negativo en los inversores, han precisado fuentes comunitarias.

Los mercados no sólo están preocupados por las cuentas públicas sino también "por la capacidad de crecimiento de la economía española", han añadido las citadas fuentes comunitarias. El Gobierno de Mariano Rajoy se ha negado hasta ahora a seguir las recomendaciones de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional (FMI) de subir el impuesto sobre el valor añadido (IVA) para reducir el déficit público.