El Gobierno, obligado por sus socios europeos, formalizó ayer sin más dilaciones la petición formal de rescate europeo para recapitalizar la banca al presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker. No obstante, el ministro de Economía, Luis de Guindos, volvió a insistir en la carta en dejar abierta la posibilidad de que los bancos puedan recibir la ayuda europea en el futuro.

La carta no cifra la ayuda que necesitará España y De Guindos se limita a pedir "un importe suficiente para cubrir las necesidades de capital, más un margen de seguridad adicional" hasta el máximo de 100.000 millones fijado por el Eurogrupo.

La Comisión Europea señaló que el rescate exigirá una profunda reforma del sector financiero y que el Gobierno respete sus compromisos de ajuste presupuestario y reformas económicas. La condicionalidad del préstamo a España "se centrará en reformas específicas del sector financiero, incluyendo planes de reestructuración que han de respetar nítidamente las reglas de ayudas públicas de la UE", precisó el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, en una declaración oficial.

REFORMAS "La condicionalidad se aplicará sobre los bancos que sean recapitalizados y sobre el sector financiero español en su conjunto, incluyendo requisitos de supervisión y regulación", añadió Rehn. Las reformas que exigirá la Comisión Europea se centrarán en reforzar la eficacia de la supervisión por parte del Banco de España, en mejorar las normas de gestión de las entidades, en incrementar la transparencia bancaria y en limitar la concentración de riesgos crediticios en un sector, indicaron fuentes comunitarias.

Rehn advirtió que además de las condiciones sobre el sector bancario el Eurogrupo y la Comisión Europea "vigilarán de cerca y con regularidad" que España cumpla con "determinación" la aplicación de las reformas previstas y "respete sus compromisos" de reducir el déficit.

En los próximos días llegarán a Madrid técnicos europeos que analizarán los bancos beneficiarios y la situación del sector para elaborar la lista de reformas y medidas a adoptar, que se incluirá en un memorándum que deberá firmar el Gobierno.