Las cuatro entidades financieras nacionalizadas --CatalunyaCaixa, Bankia, NovaGalicia y Banco de Valencia-- recibirán una inyección de capital para sanearse de "37.000 millones" a través de las ayudas del rescate europeo, anunció ayer el ministro de Economía, Luis de Guindos, al llegar a la reunión del Eurogrupo consagrada a Grecia.

España recibirá además fondos suplementarios para financiar el saneamiento de otras entidades que necesitarán inyecciones de capital más modestas y para cofinanciar la creación del banco malo, la sociedad de gestión Serab donde se depositarán los activos inmobiliarios problemáticos de los bancos. La ayuda total europea para el rescate bancario se situará "en torno a los 40.000 millones", añadió Guindos. Esto equivale al 4% del PIB y supondrá un incremento de la deuda pública española por el mismo volumen.

España podrá recibir la ayuda en diciembre una vez que la Comisión Europea apruebe mañana, como está previsto, los planes de reestructuración de las cuatro entidades nacionalizadas. Estos planes les obligarán a una reducción drástica de la red de oficinas, al despido de un porcentaje elevado de trabajadores y a la venta de las actividades que no sean esenciales.

El ajuste y reestructuración de cada entidad deberán haberse completado en un plazo máximo "de cinco años", precisó el ministro. El Eurogrupo estudiará el proceso del saneamiento bancario español y el desembolso del primer tramo del rescate europeo el 3 de diciembre.

AJUSTES Guindos se desentendió de cualquier responsabilidad gubernamental en los despidos y los duros ajustes que deberán asumir las entidades nacionalizadas para poder recibir la inyección de capital, como si esos planes no hubieran sido diseñados bajo la estricta tutela del ministerio y del Banco de España. "No es el Gobierno español quien determina los ajustes y despidos, sino la dirección general de Competencia de la Comisión Europea", afirmó el ministro descargando toda la responsabilidad en el comisario de Competencia, Joaquín Almunia.

Los titulares de participaciones preferentes, deuda subordinada y acciones de las entidades nacionalizadas deberán asumir una parte importante del saneamiento de esos bancos, recordó Guindos. Los planes de reestructuración implicarán "la conversión de las participaciones preferentes en diferentes alternativas, lo que se denomina la distribución de la carga", añadió Guindos, en una referencia velada a las pérdidas que se impondrán a los clientes que fueron engañados por los directivos de las entidades con la suscripción de las participaciones preferentes.

El ministro no quiso precisar cuál será el sacrificio que se impondrá a esos clientes con preferentes o deuda subordinada e insistió en que el Gobierno se limita a aplicar lo previsto en el memorando del rescate europeo.