La presidencia chipriota de la UE y la Eurocámara han alcanzado un acuerdo político sobre una norma cuyo objetivo es aumentar el control sobre las agencias de calificación de riesgos cuando valoran la deuda soberana de los Estados miembros.

Para evitar turbulencias en los mercados, las agencias de 'rating' deberán publicar un calendario anual con las fechas en las que anunciarán sus notas sobre la deuda de los Estados miembros. Estas calificaciones sólo podrán publicarse tras el cierre de las bolsas de la UE y al menos una hora antes de su apertura.

Además, los inversores y los Estados miembros deberán ser informados de los hechos y los supuestos en los que se basa cada calificación de deuda soberana.

"Las agencias de 'rating' deberán ser más transparentes cuando evalúen a los Estados, deberán respetar reglas de calendario sobre notas de deuda soberana y justificar el momento de publicación de calificaciones que no se les hayan pedido de deuda soberana", ha explicado el comisario de Servicios Financieros, Michel Barnier.

Los legisladores han descartado no obstante una de las ideas originales de Barnier, que era prohibir las calificaciones de los países que hayan sido rescatados.

La norma obliga a que todas las notas disponibles se publiquen en una plataforma europea de 'rating', con el fin de mejorar la comparabilidad y visibilidad.

La legislación establece que las agencias de calificación de riesgos serán responsables civilmente de sus calificaciones en caso de negligencia que cause daño a un inversor. También introduce reglas de rotación, con el fin de aumentar la competencia, aunque éstas se limitan a instrumentos financieros complejos estructurados.

Con el fin de aumentar la independencia de las agencias de 'rating' y de reducir los conflictos de interés, la norma contempla limitaciones en el accionariado. Los inversores tendrán prohibido controlar participaciones importantes en más de una agencia.

Finalmente, la Comisión deberá analizar de nuevo si es apropiado crear una agencia europea de 'rating' e informar al Consejo y a la Eurocámara en 2016.