El presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), Manuel Pardos, ha entregado a todos los grupos del Congreso sus propuestas de enmienda al proyecto de ley Antidesahucios, con iniciativas como ampliar de dos a tres años la moratoria aprobada por el Gobierno así como modificar los requisitos para poder acogerse a ella.

Según ha explicado Pardos a Europa Press, la idea es hacer que esta norma --que ha sido convalidada por el Pleno del Congreso y que será tramitada como proyecto de ley-- sea "realmente útil" para los perjudicados por los procedimientos de ejecución hipotecaria pero también para frenar la "espiral" en la que puede caer cualquier ciudadano cuyo único patrimonio sea la vivienda familiar habitual a partir del momento en que se inicia la ejecución de su hipoteca por impago, incluyendo los perjuicios que causa la acumulación de intereses y la deuda "de por vida" que se acaba generando.

En concreto, reclaman que la moratoria se aplique tanto a desahucios como a embargos, "tanto iniciados como no iniciados", y que se prolongue durante un periodo de tres años para todos los deudores hipotecarios "con dificultades sobrevenidas como consecuencia de la pérdida de sus ingresos habituales por enfermedad, pérdida de empleo u otras circunstancias sobrevenidas".

El objetivo es que, durante ese tiempo, "se pueda solicitar la suspensión de cualquier procedimiento de ejecución hipotecaria, judicial o extrajudicial, antes del lanzamiento e incluso antes de que se inicie" el proceso.

Cambio de requisitos

Además, Adicae reclama que la moratoria pueda ser solicitada tanto por los deudores como por sus avalistas, posibilidad que no recoge el decreto, siempre que cumplan unos "supuestos de idoneidad objetiva". El avalista podría asimismo reclamar la moratoria aunque el deudor no lo hubiera hecho, siempre y cuando cumpla los mismos requisitos que estipula la norma.

En general, estos criterios son los mismos que ha propuesto el Ejecutivo, aunque la asociación pide que se permita para unidades familiares con hijos de hasta 16 años (edad laboral legal) en lugar de tres, como figura en el texto. Además, todos los parados, con independencia de si han agotado sus prestaciones o no, deberían poder ser beneficiarios a juicio de Adicae.

Pardos también ha señalado que entre los criterios económicos deberían figurar como posibles beneficiarios quienes tengan una hipoteca que supone un 30% de sus ingresos, en lugar del actual 50%. Durante el tiempo que dure la moratoria "no se devengarán intereses de demora".

"Esto beneficiaría incluso a los bancos", asegura el presidente de Adicae, explicando que sus enmiendas incluyen la previsión de que las entidades financieras no tengan que provisionar los inmuebles sobre los que se aplique la moratoria, cosa que sí tienen que hacer ahora.

Cambiar el código de buenas prácticas

Por otra parte, Adicae aprovecha esta tramitación parlamentaria para reclamar que, en el plazo máximo de dos meses, se aborden modificaciones en el Código de Buenas Prácticas hipotecarias que aprobó el Gobierno el pasado mes de marzo y que, a juicio de Pardos, también es demasiado restrictivo, a la luz de que sólo ocho solicitantes han conseguido que se les autorice la dación en pago.

En concreto, proponen ampliar el ámbito de aplicación modificando los criterios de dificultad económica o insuficiencia de rentas previsto, reduciendo a la mitad (30%) el peso de la hipoteca sobre los ingresos netos de la unidad familiar, así como elevar el valor de la vivienda que también cuenta en el baremo --de 200.000 a 400.000 en municipios de más de un millón de habitantes; de 180.000 a 360.000 en los de entre medio millón y un millón; de 160.000 a 200.000 en los de entre 100.000 y 500.000 vecinos; y de 120.000 a 180.000 en los de menos de 100.000 habitantes--.

Asimismo, exige una mayor implicación de las organizaciones de consumidores en la Comisión de Seguimiento del Código, y elevar el porcentaje del importe de adjudicación del inmueble (del 60 al 80%) al acreedor con respecto al valor de tasación. También proponen reducir las sanciones a los deudores de buena fe y que la dación en pago se aplique incluso en los casos en que la adjudicación del bien ya se ha producido.

Medidas a largo plazo

Con la vista puesta en que esta situación no se repita en el futuro, la asociación propone también modificar diversos aspectos de la normativa hipotecaria civil, procesal y concursal para acercarla a la legislación de "la mayor parte de los países europeos".

En concreto, propone modificar la responsabilidad personal universal del deudor por deudas hipotecarias --el llamado 'fresh start' o segunda oportunidad-- para fijar una fecha de prescripción a los tres años de la ejecución hipotecaria, así como modificar el citado importe de adjudicación hasta el 80% cuando la subasta del inmueble se declare desierta.

También piden ampliar las causas de oposición en el procedimiento de ejecución hipotecaria en lo referido a las cláusulas abusivas, permutas financieras y otras circunstancias de comercialización. Con respecto a los intereses de demora, se propone fijarlos en un máximo de 2,5 veces el interés legal del dinero. En la misma línea, se reclama la creación de un procedimiento concursal específico para las personas físicas.

Esperanza de que salga adelante

Según ha apuntado Pardos, en las próximas semanas mantendrá reuniones con todos los grupos parlamentarios para explicar con más detalle sus propuestas, y el presidente de Adicae tiene esperanzas de que se puedan incorporar al texto definitivo de la ley dado que han sido redactadas "con mucha racionalidad" y están "adaptadas perfectamente" al decreto, que pretenden hacer "verdaderamente eficaz".

De hecho, ha subrayado que algunas de las iniciativas ya fueron presentadas en términos prácticamente idénticos por el PP cuando estaba en la oposición, aspecto en el que pretende que la oposición haga hincapié para dificultar el 'no' del grupo mayoritario.