El Tribunal de Cuentas de la Unión Europea (UE) ha detectado que los Estados miembros utilizan de manera "poco eficiente" los fondos comunitarios destinados a diversificar la economía rural, según un informe publicado hoy.
"Con frecuencia los países se guían por la necesidad de gastar el presupuesto asignado, más que por una evaluación de la adecuación de los proyectos", concluyen los auditores europeos, después de haber analizado la situación en seis Estados miembros: República Checa, Francia, Italia, Polonia, Suecia y Reino Unido.
El Tribunal denuncia que "en algunos países se financiaron todos los proyectos subvencionables cuando había presupuesto suficiente", con independencia de la eficacia y eficiencia de la iniciativa en cuestión.
Según los auditores, en una etapa posterior, al escasear la financiación, "se rechazaron proyectos de mejor calidad".
El gasto de la UE para diversificar la economía rural pretende combatir la despoblación, la escasez de oportunidades y el desempleo en el campo, por medio de la financiación a particulares y empresas.
El presupuesto previsto por la Unión para esas medidas ascendió en el periodo 2007-2013 a 5.000 millones de euros, junto con otros 2.000 millones adicionales procedentes de los Estados miembros.
El informe pone de relieve que, en muchos de los proyectos analizados "la prioridad de la creación de empleo no estaba bien definida", y que los métodos de control y evaluación no permitieron determinar con claridad los puestos de trabajo creados y mantenidos gracias a esas iniciativas.
La muestra de proyectos controlados reflejó que las ayudas "sólo tuvieron un éxito moderado en la creación prevista de empleo", explica el Tribunal.
Además, el informe señala que "en muchos casos" los proyectos se hubieran llevado a cabo de todas maneras, incluso sin fondos europeos, lo que supone "un uso ineficiente" de los limitados recursos comunitarios.
Los controles de los Estados miembros para abaratar los costes de los proyectos, añaden los auditores, "no permitieron reducir lo suficiente el riesgo de gastos excesivos", y se detectaron casos de exceso de carga administrativa y retrasos en los pagos.
Por último, el Tribunal considera que el hecho de que los países y regiones no hayan especificado qué desean lograr con los proyectos pone de relieve que "se trata de una estrategia inducida por la demanda, más que orientada a unos objetivos".
En la práctica, añade el responsable del informe, Jan Kinst, ello ha creado situaciones en las que "prácticamente cualquier proyecto podía adecuarse a los objetivos fijados".
