La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de más de 30 millones a cinco petroleras por prácticas restrictivas de la libre concurrencia. La sanción más abultada corresponde a Repsol, con 20 millones; seguida de Cepsa, con 10 millones y el resto se reparte entre Disa -- red de estaciones de servicio propiedad de la familia Carceller (Damm) con marca Shell en la península y propia en Canarias-- , con 1,3 millones; la portuguesa Galp, con800.000 euros; y Meroil --propiedad de varios dueños de gasolineras--, con 300.000 euros.

Las multas provienen del expediente S/474/13 abierto en el 2013 por ponerse de acuerdo en los precios. En el mismo se afimaba que las compañías implicadas incurrieron en prácticas prohibidas de coordinación en materia de precios, intercambio de información y pactos de no agresión.

En su resolución, la CNMC concluye que las compañías implicadas han infringido el artículo 1 de la ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, así como el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (UE). Por un lado, Repsol y Cepsa cerraron un acuerdo para coordinar en las estaciones de servicio de Brea de Aragón e Illueca, en la provinicia de Zaragoza en julio del 2013. También mantuvieron "un pacto de no agresión" en julio y agosto del 2011 "en relación conj las acciones de injerencia en cada una de ellas en las estaciones abanderadas por la otra".

También se imputan "intercambios de información estratégica" entre Cepsa y Repsol en el 2011, 2012 y 2013 en relación a las gasolineras gestionadas por una de ellas y abanderadas y suministradas en exclusiva por la otra.

En la resolución también se recoge "un pacto de no agresión de precios entre Cepsa y Disa entre julio y septiembre del 2011 y un acuerdo entre ambas "en relación a los precios a aplicar en julio del 2013 en Ceuta.

También se denuncian "intercambios de información de Disa y Meroil en el 2012 en relación a los precios aplicados en las estaciones de servicio del entorno de Sant Joan Despí y en el 2013 en relación a sus márgenes operativos".

El fallo de la CNMC también menciona "un intercambio de información entre Galp y Meroil" en relación a un contrato de suministro y abandermiento en mayo del 2013.

El expediente inicial se desglosó en dos. El primero, es el que se resuleve hoy y el otro, el S/0484/13, aún está pendiente de resolución "por la coordinación en materia de precios entre cada uno de los operadores petrolíferos y los empresarios independientes que operan en sus respectivas redes de distribución de combustible de automoción". Ese, además de a Repsol, y Cepsa, afecta también a BP y alas empresas Lence Torres, Complejo San Cristóbal, Cerro de la Cabaña, Estación de Servicio Macar y Estación de Servicio Lorqui.

La investigación comenzó "tras constatar incrementos significativos en el precio de los carburantes, en un contexto de niveles generales de precios minoristas en España más elevados que los registrados en países de nuestro entorno". Con las indagaciones, completadas con inspecciones 'in situ' se buscaba certificar "posibles conductas bilaterales anticompetitivas, que consistirían en la coordinación entre operadores de productos petrolíferos en materia de precios, clientes y condiciones comerciales y en el intercambio de información comercial sensible, en los mercados de distribución de combustible de automoción".

RECURSOS ANTE LOS TRIBUNALES

La conclusión de este expediente se producte también en un momento de dura pugna entre las petroleras y la CNMC. Repsol y las otras petroleras ya han recibido la notificación de la sanción. Repsol precisamente ha afirmado que recurrirá la multa ante la Audiencia Nacional y la tacha de "injusta, desproprocionada e ilegal", según han afirmado fuentes de la compañía. También Cepsa anunció que recurrirá y que pedirá la suspensión cautelar de la multa y Meroil, que también la considera "arbitraria, injusta e ilegal".

Hace unos días, el regulador ya sancionó a Cepsa y BP por imponer los precios a la red de estaciones de servicio de terceros que operan con su marca. La multa, rebajada, tras las alegaciones, fue de 2,5 millones y 750.000 euros por un expediente abierto en el 2009, que la CNMC acusa a las compañías de incumplir. Repsol, que recurrió la multa ante los tribunales, está sancionada con cinco millones por este mimso expediente.