La Audiencia de Barcelona ha rechazado los recursos presentados por 41 imputados y exaltos cargos de Catalunya Caixa por aprobar "desproporcionados" aumentos retributivos pese a la "real situación de insolvencia de la entidad". Con esta decisión, los magistrados confirman la conclusión de la investigación dictada en su día por el juez instructor y deja a los imputados, entre ellos Narcís Serra, presidente de la entidad entre el 2005 y el 2010 y exvicepresidente del Gobierno socialista, a las puertas de juicio. Ahora, el fiscal y las acusaciones deberán presentar sus escritos de acusación.

La fiscalía presentó una querella contra varios directivos en el 2013. Según la denuncia, firmada por el fiscal antocorrupción Fernando Maldonado, existieron aumentos de retribuciones e indemnizaciones que merecen ser investigadas, "máxime cuando se han producido en un entorno de grave crisis económica" y que denotan "un reprochable y espúreo manejo de los fondos de una entidad cuyo único objetivo debe ser procurar un beneficio para destinarlo a obra social y evitar un despilfarro de dichos fondos en beneficio de los altos directivos".

La querella de la fiscalía se dirigía básicamente contra los miembros de los consejos de administración que firmaron los acuerdos adoptados en enero del 2010 y noviembre de ese mismo año en los que se determinaron subidas de las retribuciones de los principales ejecutivos de la caja y de las pólizas suscritas para cubrir los fondos de pensiones en un marco en el que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) tuvo que hacer una aportación de 1.200 millones de euros de dinero público.

ADMINISTRACIÓN DESLEAL

Según la fiscalía, los miembros del consejo de administración denunciados incurrieron en un delito de "administración desleal" al aprobar aumentos retributivos y garantizar indemnizaciones a los ejecutivos "con evidente abuso del cargo", ya que "utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia públicas, en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo cual contribuyó a su grave crisis financiera".

El elevado número de consejeros imputados se debe a que en noviembre del 2010 se integraron los consejos de administración de las tres cajas fusionadas -Catalunya, Tarragona y Manresa- y provisionalmente se mantuvieron a todos los representantes de los órganos de gobierno de esas entidades hasta que se depuró su número al constituirse la entidad en un banco.

Los hechos que la fiscalía denuncian corresponden a la decisión del consejo del 19 de enero del 2010 de aprobar la propuesta de la comisión de retribuciones que proponía un aumento del salario variable anual del entonces presidente, Adolf Todó, del 35% al 50% y del 35% al 45% para el consejero delegado Jaume Masana.