El Gobierno lo descarta de momento, pero el Fondo Monetario Internacional (FMI) insiste en la necesidad de subir "gradualmente" los tipos reducidos del IVA (4% superreducido y 10% reducido) a medio plazo. En las conclusiones de su informe sobre España, cuyas líneas generales se dieron a conocer hace dos semanas, pese a alabar la recuperación de la economía, alerta de la necesidad de persistir en las reformas estructurales, preservar las acometidas hasta ahora y en diseñar una senda de consolidación fiscal "creíble" a medio plazo, ya que las medidas previstas para el 2017, como los aumentos de impuestos al tabaco y al alcohol de alta graduación, son puntuales o coyunturales.

Tras revisar al alza las previsiones de crecimiento, hasta el 2,4% este año y el 2,1% el que viene, recuerda la importancia de combatir las elevadas tasas de paro y la precariedad del mercado laboral. Los analistas del FMI aconsejan el contrato único y "simplificar" el catálogo de contratos laborales existente, así como adoptar de forma gradual la denominada "mochila austríaca", mediante la que el trabajador conserva en una cuenta personal la indemnización por despido aunque cambie de trabajo.

Durante la presentación de las conclusiones preliminares de este informe, la organización internacional dirigida por Christine Lagarde además de recomendar un aumento de los impuestos especiales y las tasas medioambientales, recuerda que el Gobierno podrá recaudar el equivalente al 2% del producto interior bruto (PIB) con sus recomendaciones. A juicio de este organismo, los ajustes futuros deben apoyarse más en los impuestos indirectos.

El análisis del FMI destaca que hay recorrido para alzas en el IVA. Mientras en Francia y Alemania la cesata de consumo gravada con el IVA es el 70% y y del 80%, respectivamente; en España es del 60%. La recaudación por este tributo está en torno a tres puntos porcentuales por debajo de lo que se ingresa de media sobre el consumo final en la Unión Europea (UE).

MEDIDAS ESPECÍFICAS

Además, anima a la banca española a acometer fusiones para ganar eficiencia y al Gobierno a reformar el sistema de financiación autonómica para incentivar a los territorios a cumplir con los objetivos fiscales. A su vez insisten en recordar que el Gobierno se ha comprometido a reducir el déficit estructural 1,25 puntos porcentuales del PIB en el 2019, "pero no ha anunciado medidas específicas" para conseguirlo. Con las políticas actuales estiman que los números rojos estructurales permanecerán en torno al 2,25% del PIB a medio plazo.

También alerta de que la fragmentación política y la sensación de que se han agotado las reformas "han retrasado los ajustes fiscales e impedido esfuerzos estructurales más profundos".

En las conclusiones apuntan asimismo a avanzar en la liberalización de los servicios profesionales, potenciar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y a mejorar el acceso a la financiación no bancaria, entre otras recomendaciones para incrementar el crecimiento y la productividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes).