El empleo digital y el realizado por robots cambiarán las relaciones laborales y la condición de los trabajadores. La extensión del trabajo a distancia, mediante dispositivos digitales, sin horarios, sin jefes directos o con varios empleadores, supondrán un cambio de modelo en el mercado laboral en el que quedaran obsoletas las reformas laborales realizadas en España y otros países europeos impuestas por las directrices anticrisis de la Comisión Europea.

¿Cómo es la negociación colectiva en una empresa con una gran diversidad de modelos de trabajadores (fijos, a distancia, presenciales, temporales, por obra…) y con un peso de la tecnología superior al de las personas? ¿Qué tipo de protección social se necesita? ¿Hasta qué punto se perderán puestos de trabajo? ¿Qué actividades se transformarán y cuáles desaparecerán? ¿Qué tipo de relaciones laborales tendrá los empleados que trabajan para las nuevas plataformas digitales? ¿Cómo se pagaran las cuotas sociales?

Estas y otras preguntas se están abriendo paso entre los expertos en el mundo del trabajo de toda Europa, que ya han puesto sobre la mesa propuestas como que los robots paguen cuota a la Seguridad Social (defendida, entre otros, por Josep Maria Álvarez, secretario general de UGT).

FISCALIDAD / Los expertos reunidos por Funcas para reflexionar sobre qué ha funcionado y qué no de las reformas laborales que entre el 2010 y el 2014 se extendieron por diversos países de la Unión Europea, llegaron a una conclusión casi unánime: las reformas laborales se plantearon para llevar a cabo una devaluación salarial. Además, han reorientado el debate hacia otros derroteros en vista de que la revolución tecnológica vuelve arcáica una reforma heredera del mercado laboral del siglo XX. La fundación de las Cajas de Ahorro, Funcas, reunió a varios expertos europeos para debatir sobre estas cuestiones y, en ese foro, Marie-Claire Carrère-Gée, presidenta del Consejo de Orientación para el Empleo de Francia, advirtió del peligro que corren las prestaciones sociales si los Estados no recaudan más, especialmente, entre las firmas tecnológicas, como los gigantes de internet y las plataformas tipo Uber. En este sentido, Carrère-Gée apuntó la posibilidad de crear un impuesto sobre transacciones digitales.

Iain Begg, profesor de la London School of Economics, destacó que la rebaja de costes de las reforma laborales en España (2010 y 2012) ha traído riesgos como, entre otros, la devaluación del Estado del Bienestar y un empobrecimiento de las familias, lo que repercute en la recuperación social. «Si recortas mucho los sueldos, como en Grecia, eliminas la demanda interna», señaló Begg.

TEMPORALIDAD / Otra de las consecuencias más indeseadas de las reformas ha sido el aumento de la temporalidad, aunque algunos expertos prefieren hablar de precariedad. Para Miguel Ángel Malo, profesor de la Universidad de Salamanca, la temporalidad se disparó en España en 1984, cuando se rompió el principio de causalidad de los contratos. Se concibió una flexibilidad de entrada en el mercado laboral, pero no de salida, ya que las indemnizaciones por despido son diferentes a las de los empleos fijos. Y aunque todas las reformas, desde 1994, han buscado «desincentivar» la temporalidad, «todas han fracasado» en este objetivo.

Según los datos aportados por el profesor Malo, la temporalidad aumenta en las épocas de bonanza y se reduce en etapas de recesión. Con datos de Eurostat, la oficina estadística de la UE, en el 2015 la tasa de temporalidad en España era del 25,2%, la más alta desde el 2010. Por el contrario, en el 2000 fue del 32,4% y subió hasta el 34% en el 2006, cuando la bonanza era plena. Para Carlos Martín, responsable del gabinete económico de CCOO, la temporalidad está relacionada con la «supervivencia de las empresas», pero tiene efectos colaterales perniciosos, como son la inestabilidad que se da al inicio y al final de la carrera laboral y su utilización para reducir plantillas en épocas de bonanzas. La flexibilidad que ha dejado la reforma laboral ha influido en el aumento de contratación indefinida, como presume el Gobierno, pero para Martin «tienen menor duración porque es más fácil despedir».