Técnicos de la ONIF, Oficina Antifraude dependiente de Hacienda, ratificaron ayer el informe que acusa al ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato de varios delitos fiscales con los que habría defraudado cerca de 6,8 millones de euros entre el 2004 y el 2015 a través de un entramado de sociedades.
Los técnicos, citados por el titular del Juzgado de Instrucción Número 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, expusieron ante la Fiscalía Anticorrupción y las defensas su versión definitiva en relación con los hechos denunciados por la ONIF. También está prevista la comparecencia como investigado del asesor fiscal del exvicepresidente, Fernando Sedano.
En su informe final de 642 páginas, la ONIF habla de movimientos de dinero a través de las sociedades panameñas Red Rose Limited y Westcastle, la británica Vivaway y la española Kradonara, que habrían sido utilizadas para ocultar rentas y cuyo beneficiario habría sido el propio exvicepresidente del Gobierno.
Al respecto, los técnicos citados insisten en que Rodrigo Rato obtuvo rentas no declaradas superiores a los 14 millones de euros durante esos años a través del «tráfico de dinero con el extranjero y no declarado fiscalmente».
una INVESTIGACIÓN EN MARCHA / Estas últimas comparecencias en el juzgado se producen en un momento clave de la investigación del caso, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) detectase que varias de las empresas privatizadas en los años en los que este fue ministro de Economía (1996-2004) pagaron casi 83 millones de euros a sociedades presuntamente relacionadas con su propia familia.
De hecho, se espera que Rodrigo Rato responda esta misma semana al informe elaborado por la Guardia Civil y remitido al juez que investiga el origen de su fortuna económica, ya que tiene de plazo hasta hoy, según señalaron ayer fuentes jurídicas de la investigación.
Por otra parte, la Audiencia Provincial de Madrid ha sobreseído provisionalmente la pieza en la que el juez de Instrucción número 31 de Madrid investiga al exministro de Economía Rodrigo Rato por los dos millones de dólares que recibió del banco de inversiones Lazard, en el que trabajó antes de ser nombrado presidente de Bankia, y su posible relación con las contrataciones que la entidad nacionalizada efectuó posteriormente con el citado fondo.
