La Comisión Europea lanzó un ultimátum a España y a otros tres países de la Unión Europea -Croacia, Chipre y Portugal- en mayo del 2015 para que incorporaran a la legislación nacional la directiva sobre créditos hipotecarios del 2014. Desde entonces, y pese a los reiterados llamamientos, ninguno de los cuatro países han cumplido «plenamente» con el requerimiento -el plazo límite era el 21 de marzo del 2016- y Bruselas ha decidido denunciarles ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El último aviso se produjo el pasado 24 de enero. A raíz del dictamen motivado enviado a Madrid, las autoridades españolas informaron a Bruselas de que el borrador de reforma hipotecaria no ha sido todavía remitido al Congreso para su tramitación parlamentaria pero ni enviaron un borrador con medidas ni un calendario claro para su adopción. Una tardanza que ha terminado colmando la paciencia del Ejecutivo comunitario.

«Hasta la fecha no se ha notificado la adopción de ningún tipo de legislación y la Comisión Europea ha concluido que la directiva no ha sido traspuesta», explicó la portavoz comunitaria Vanessa Mock.

El caso no tiene relación con el de las cláusulas suelo pero supone un toque de atención más a España por una legislación hipotecaria que sigue siendo insuficiente para proteger adecuadamente a los consumidores. La directiva tiene como objetivo crear un mercado del crédito hipotecario con un nivel de protección elevado.

EN BUSCA DE APOYO / El Ministerio de Economía hizo algunos trabajos preliminares para transponer la norma europea en el 2015. Fuentes del departamento dirigido por Luis de Guindos alegaron ayer que en el 2016 «no se pudo avanzar» por encontrarse el Gobierno en funciones.

«Estamos preparando un texto normativo que esperamos esté aprobado antes de que se produzca la eventual sentencia. Con este objetivo, estamos trabajando para alcanzar el consenso necesario que permita superar el trámite parlamentario, cuestión que no solo depende del Gobierno», justificaron.

El ministro anunció en enero que estaba preparando la reforma, poco después de la sentencia europea que obligó a devolver todo lo cobrado de más por las cláusulas suelo en los casos en que fueron vendidas de forma opaca. A mediados de febrero, el Consejo de Ministros analizó un anteproyecto, que incluye medidas como el endurecimiento de los trámites para iniciar un desahucio, la creación de un contrato hipotecario tipo de uso voluntario, la entrega al cliente de una ficha con todas las características del contrato antes de contratarlo o la obligación de que los hipotecados dejen por escrito que entienden las cláusulas de más riesgo.

El proyecto del Ejecutivo ha levantado ampollas en los bancos. La directiva europea incluye normas de conducta para los bancos, como la obligación de evaluar la solvencia de los consumidores y divulgar información, requisitos en materia de conocimientos y competencia del personal, así como disposiciones relativas a determinados aspectos del crédito hipotecario como el reembolso anticipado, los préstamos suscritos a moneda extranjera, la tasación de la propiedad, la educación financiera, la demoras o la ejecución hipotecaria. El Ejecutivo comunitario entiende que no aplicar su directiva hace que los consumidores de los cuatro países denunciados «no puedan disfrutar de la protección que la misma garantiza cuando suscriben sus préstamos hipotecarios o cuando experimentan dificultades para reembolsarlos».