El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha anunciado este viernes que el Gobierno asumirá el pago de los servicios públicos fundamentales de Cataluña, como las nóminas, la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales a cuenta del sistema de financiación autonómica. Montoro ha explicado que el Gobierno ha tomado esta decisión "ante la situación de manifiesta ilegalidad" en que está incurriendo el Ejecutivo de Carles Puigdemont. Se trata, ha dicho, de un mecanismo "de control de pagos novedoso".

El ministro ha dejado claro que este sistema de control de pagos "no afecta al ejercicio de las competencias", pero sí se garantizará que ningún pago de esa administración va a una actividad ilegal como puede ser el referéndum de independencia convocado para el 1 de octubre.

Esta decisión incluye un apercibimiento al presidente de la Generalitat para que haga un acuerdo de no disponibilidad de gasto en relación con esas partidas y si no es atendido, será el Ministro de Hacienda quien lo adopte.

Por otro lado, esta misma mañana, el Tribunal Supremo ha rechazado la petición de la Generalitat catalana de que suspenda cautelarmente la obligación que le ha impuesto el Gobierno central de informarle de sus gastos, una medida destinada a controlar que no destina dinero al referéndum ilegal.

Sigue el FLA

El Ejecutivo de Mariano Rajoy está buscando nuevas vías de control financiero de la Generalitat después de haber descartado llevar hasta sus últimas consecuencias la amenaza de cerrar el grifo del fondo de financiación autonómica (FLA) si el Govern de Puigdemont destinaba "un solo euro" a financiar el referendum o si la Generalitat dejaba de enviar semanalmente el informe de la Intervención de sus gastos, lo que ha acabado sucediendo.

El Gobierno de Rajoy ha entendido que cerrar el grifo del FLA acabaría perjudicando a los proveedores, ya que los recursos del fondo de liquidez llegan directamente a los emisores de las facturas y a atender los vencimientos de deuda pública (sin pasar por la administración autonómica).

Ante el nuevo desafío del Govern, el Ejecutivo central ha decidido dar una vuelta de tuerca más. Ahora se entra en una fase de práctica intervención de las cuentas públicas.