El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto ley para permitir la reinversión del superávit de los ayuntamientos, con el que se abre la mano y flexibiliza el gasto de las entidades locales en infraestructuras sociales, educativas, deportivas o culturales. Según anunció el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, las corporaciones locales saneadas podrán también destinar el superávit a adquisición de mobiliario y enseres de los servicios públicos que puedan recibir estas inversiones, así como a los vehículos para prestación de varios de estos servicios.

Además, se flexibiliza la autorización administrativa previa que los ayuntamientos deben pedir a Hacienda para determinados proyectos de inversión de algunos grupos de programas, al incrementarse de 10 millones a 15 millones el importe a partir del cual se requerirá de este permiso.

De esta manera, se cumple con el compromiso adoptado por Montoro con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de aprobar este mes el decreto para ampliar los programas de inversiones financieramente sostenibles sin esperar, como otros años, a realizar la prórroga de los mismos en los Presupuestos Generales del Estado, que se presentan la próxima semana.

MÁS GASTO/ Al hacerlo así, se facilita que las corporaciones tengan tiempo suficiente para desarrollar los procedimientos de ejecución de gasto y contratación y que puedan hacerlo hasta 2019, cuando se convoquen las elecciones municipales, tal y como se acordó entre Hacienda y la Femp. El supéravit local del año pasado, que se estima en 5.000 millones, podrá destinarse a inversiones en servicios de seguridad y orden público, protección civil, prevención y extinción de incendios, asistencia social primaria, centros docentes de enseñanza infantil y primaria y especial. También a bibliotecas y archivos, equipamientos culturales, instalaciones deportivas, vehículos que se destinen a la prestación de los servicios públicos de recogida, eliminación y tratamiento de residuos; seguridad y orden público; protección civil; prevención y extinción de incendios; y transporte de viajeros.

Montoro destacó que las corporaciones locales podrán servir «mejor y más eficazmente a los fines que les son propios» y que esta medida es resultado del acuerdo y el diálogo del pacto establecido con la FEMP entre formaciones políticas «de completamente diferente ideología».

El ministro agradeció la labor de las entidades locales a las que se ha referido como «todo un referente de buena gestión» durante los años difíciles de la crisis económica y ha apuntado que, frente a quienes plantearon la necesidad de cerrar ayuntamientos, se ha demostrado que esa política hubiese sido un «error».

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN/ El PSOE consideró insuficiente y escaso el real decreto ley y criticó que se trata del «acuerdo de las lentejas, o las tomas o las dejas» que no soluciona los problemas financieros de los ayuntamientos. Según la secretaria de Política Municipal, Susana Sumelzo, la norma «no es flexible» por lo que difícilmente permitirá invertir los más de 5.000 millones de superávit local del 2017, ya que las reglas de juego de Hacienda siguen siendo «las mismas». La representante socialista advirtió que, con este decreto, los ayuntamientos van a seguir teniendo dificultades para hacer políticas para las personas, por lo que desde el PSOE van a seguir reclamando que se respete la autonomía local, que no puede materializarse sin competencias y recursos suficientes.