La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pidió explicaciones a Telefónica sobre posibles casos de corrupción que investiga en varios países que ha evitado especificar. En una respuesta con fecha 20 de septiembre y publicada por el supervisor ayer, la operadora de telecomunicaciones asegura que en ningún caso el resultado de estas investigaciones tendrá un impacto relevante en sus cuentas.

La compañía presidida por José María Álvarez-Pallete informó de estas investigaciones en su informe de auditoría del 2017: «Actualmente la compañía está llevando a cabo unas investigaciones internas en varios países sobre posibles infracciones de las leyes contra la corrupción. La compañía ha estado en contacto con autoridades gubernamentales en relación con estos temas y tiene intención de cooperar con ellas a medida que prosigan las investigaciones. No es posible en este momento predecir el alcance o la duración de estos asuntos, o su resultado probable».

La CNMV pidió a Telefónica que le informase sobre el estado actual de las investigaciones y su impacto potencial en el patrimonio del grupo, así como si había realizado alguna provisión para afrontar el posible perjuicio económico que le podrían causar. La empresa le ha asegurado que sigue cooperando con las autoridades y que las investigaciones siguen en marcha.

«Aunque no es posible en este momento predecir el alcance o la duración de estos asuntos, o su resultado probable, consideramos que cualquier potencial sanción como resultado de la resolución de estas investigaciones no afectaría de forma material a la situación financiera del grupo considerando su tamaño», añadió.

También le requirió que le especificase los riesgos a los que se enfrenta por estos posibles casos de corrupción. La compañía le reconoció que se enfrenta a posibles «sanciones financieras» y la «resolución de contratos públicos», así como a daños en su reputación y «otras consecuencias que podrían afectar de forma negativa a los negocios, los resultados operativos y la situación financiera del grupo».

A petición del supervisor, la operadora también sostiene que cuenta con «controles y procedimientos» para prevenir la corrupción y que a principios del 2016 creó un área de cumplimiento, cuya función principal consiste en prevenir estas prácticas. En la misma línea, apuntó que cuenta con un código de conducta y una política anticorrupción con medidas como «directrices en materia de ofrecimiento y aceptación de regalos e invitaciones», «sistemas de reporte en situaciones de conflicto de interés» y garantías en los contratos.

Aseguró que está implementando controles adicionales. La empresa admitió, con todo, que no puede garantizar que esta normativa y procedimientos sean suficientes o que sus empleados no actúen infringiendo los procedimientos del grupo. «En definitiva, en los últimos años el Grupo Telefónica ha venido mejorando e incrementando los controles y procedimientos de prevención y lucha contra la corrupción y el soborno en una suerte de evolución natural, aprovechando con ello al objeto de las investigaciones internas mencionadas anteriormente», concluyó.