Después de un atasco de casi dos años, los grupos parlamentarios del Pacto de Toledo alcanzaron ayer un «principio de acuerdo» político para garantizar en el futuro el poder adquisitivo de las pensiones con subidas anuales equivalentes al «IPC real», compensando las posibles desviaciones de la inflación respecto de lo previsto.

Esto no quiere decir que, a partir de ahora, las pensiones subirán según el IPC real. De momento, eso podrá ser así en el 2018 y el 2019 porque es el compromiso transitorio que el Gobierno ha adoptado con Unidos Podemos dentro de la negociación presupuestaria para el año próximo. Lo que pase en el futuro dependerá del necesario cambio legal que este Gobierno -u otro futuro- tendrá que proponer al Parlamento, previa negociación con los agentes sociales y tras haberlo debatido en la Comisión del Pacto de Toledo.

En principio, cabe pensar que esta reforma legal pendiente, a la que se ha referido la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio en repetidas ocasiones, debe ajustarse al espíritu de la recomendación acordada ahora entre los grupos. Pero puede caber cualquier tipo de formulación que pueda ser presentada bajo el objetivo de mantener el poder adquisitivo de las pensiones, siempre que cuente con el aval del diálogo social y del Pacto de Toledo. En el fondo, las recomendaciones del Pacto de Toledo son solo eso, recomendaciones. Y no existe un mecanismo que castigue su incumplimiento más allá del reproche político y social, como le sucedió al Gobierno del PP con su ya finiquitado índice de revalorización de las pensiones, que condenaba a estas a una subida ínfima del 0,25% por décadas.

Todos los grupos políticos -salvo ERC, que, al menos por ahora, no avala el acuerdo- han prestado su apoyo a una propuesta de redacción de la recomendación segunda del texto del Pacto de Toledo que trata sobre «mantenimiento de poder adquisitivo y mejora de las pensiones».

Después de muchas discrepancias, en las que algunos grupos (como Podemos y PSOE) pedían que el IPC actuara como subida mínima de las prestaciones y otros (como PP, Ciudadanos y PDCat) propugnaban tener en cuenta otras variables, como la evolución del IPC y los salarios, para poder frenar la subida de las pensiones más altas en tiempos de recesión económica, los diputados han alcanzado un «acuerdo de mínimos».

«Aquí cabe todo, si hay diálogo social», interpretó el portavoz del PDCat en la Comisión del Pacto de Toledo, Carles Campuzano. Con la redacción dada al texto, si hay acuerdo sería posible limitar la subida de las pensiones más altas en momentos de recesión, opinó el portavoz de Ciudadanos, Sergio del Campo. «Lo que hemos hecho es legitimar algo más a la Comisión para evitar esa discrecionalidad que practicó el Gobierno del PP, cuando limitó la subida de las pensiones sin acuerdo social ni político», aclaró el representante de Compromís, Ignasi Candela.

«GENERAR TRANQUILIDAD» / Para el diputado del PP, Gerardo Camps, el «texto deja la puerta abierta a usar otros indicadores distintos al IPC» en la revalorización de las pensiones si así lo quiere el Gobierno, éste u otro futuro. «Que se atreva cualquier Gobierno a moverse fuera del IPC», retó la diputada de Unidos Podemos, Aina Vidal, con una expresión que resume la fuerza política del acuerdo adoptado este miércoles.

Tal vez porque quedan cuestiones abiertas, los representantes de Unidos Podemos han valorado que a pesar del acuerdo sigue habiendo motivos para la movilización de los pensionistas en las calles. «Siempre hay que movilizarse», dijo la diputada Yolanda Díaz, de Unidos Podemos.

Para la diputada socialista, Mercè Perea, el principio de acuerdo sobre la revalorización de las pensiones «debe generar tranquilidad en la ciudadanía sobre la sostenibilidad del sistema». A partir de ahora se seguirán hablando de todas las demás cuestiones pendientes antes de ofrecer un documento al Gobierno que sirva de guía para las reformas pendientes. También el PNV se mostró satisfecho por el acuerdo.