La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que el déficit de las comunidades autónomas se situará este año en el 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB), quintuplicando el objetivo oficial del 0,1%. Además, se prevé un incumplimiento generalizado entre las autonomías de la regla que limita el crecimiento del gasto.

Ambas circunstancias ya han desatado en el Ministerio de Hacienda la aplicación de los mecanismos correctores y disciplinarios previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestario. Hay que recordar, por ejemplo, que el pasado agosto, en pleno verano, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ya envió sendas cartas a la práctica totalidad de los gobiernos autonómicos advirtiendo del riesgo de incumplimiento o de un insuficiente cumplimiento de sus planes de reequilibrio ya en marcha.

La ley establece que estas misivas (en particular las del primer tipo) deben hacerse públicas «para el general conocimiento», según su artículo 19. Sin embargo, el Departamento de Montero ha optado por no hacer públicas estas advertencias y, ni siquiera, informar de qué comunidades autónomas han sido sus destinatarias, por lo que solo se saben los nombres de algunas de ellas.