No por previsibles han sido menos airadas las reacciones de los sindicatos ante la sentencia hecha pública el pasado martes por el Tribunal Constitucional (TC), que avalaba el despido de un trabajador si este acumulaba un cierto número de bajas de manera intermitente, por mucho que estas estén justificadas. Y al otro lado de la bancada la actitud ha sido la opuesta, con unas patronales que han visto con satisfacción como el alto tribunal ratificaba una de las modificaciones introducidas por la reforma laboral del PP del 2012.
La sorpresa (y el consecuente terremoto jurídico) hubiera sido un fallo de signo contrario, pues la doctrina expresada por el Tribunal Constitucional hace años que lleva asentada en el Tribunal Supremo. Y es que si han llegado a pasar siete años entre la modificación de ese artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, que habilita el despido en caso de trabajadores que causen baja, por más que justificada, durante el 20% de las jornadas hábiles en un periodo de dos meses, es por la dificultad jurídica de acabar llegando hasta dichas instancias.
De hecho, según fuentes jurídicas consultadas, el mismo juzgado 26 de lo social de Barcelona que finalmente consiguió elevar la causa sobre la que se ha pronunciado esta semana el TC ya intentó, sin éxito, elevar una de circunstancias muy similares y esta fue tumbada por un detalle en la documentación presentada por las partes.
Los sindicatos exigen la derogación completa de la reforma
Y no es la primera vez que el Tribunal Constitucional se posiciona respecto ese artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, pues CCOO y UGT ya llevaron hasta dichas instancias la reforma laboral del PP al completo y vieron como en el 2015 el alto tribunal les tumbaba el caso. Ni por la vía judicial, ni (de momento) por la vía de la movilización han conseguido las centrales acabar con una de las primeras grandes medidas del Gobierno de Mariano Rajoy.
Siete primeros de mayo encadenan ya CCOO y UGT saliendo a la calle con la derogación de la reforma laboral del PP como bandera. Tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa entrevieron una oportunidad para ello, aunque a pocos días de las segundas elecciones en un año el PSOE prefiere hablar de un nuevo estatuto de los trabajadores del siglo XXI, que de derogar las últimas reformas del existente.
Y, tras la sentencia del TC, CCOO y UGT han vuelto a reivindicar la derogación de dicha reforma que "antepone la productividad empresarial a la salud de las personas trabajadoras", según ha manifestado CCOO este miércoles en un comunicado. "La sentencia del Constitucional hace urgente la derogación de la reforma laboral", ha clamado UGT también en una nota a la prensa.
No solo las centrales se han posicionado sobre este fallo, que ha sido criticado por los detractores que conserva la reforma laboral del 2012. El consejero de Trabajo de la Generalitat y militante de ERC, Chakir El Homrani, ha cargado también este miércoles contra la ley que hacía previsible el fallo del TC. Pese a que el consejero ha aseverado que respeta la decisión del tribunal, la ha calificado de "muy mala noticia" y ha insistido en que supone una situación de "desamparo" para los trabajadores.
CEOE: "Parece una enfermedad económica"
El absentismo laboral, la causa principal juzgada por el TC, es un tema cíclico en los ambientes empresariales. Este baja en los periodos de contracción económica (y desaparece de las reivindicaciones patronales) y sube en los periodos de bonanza (y vuelve a ser una de las problemáticas manifestadas por los empresarios). El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se ha referido al fraude en torno al absentismo como una "enfermedad económica", en un acto este miércoles en Madrid.
El líder empesarial ha evitado valorar directamente el fallo del Constitucional y ha declarado que "hay otro elemento, que no tiene nada que ver con la sentencia, que es el fraude por absentismo", ha señalado Garamendi que ha vinculado su evolución con el ciclo económico. Su socio en Cataluña, Fomento de Trabajo, ya volvió a situar el tema en su agenda a principios de este mes, denunciando que el absentismo laboral (incluyendo el justificado) ha crecido hasta máximos históricos.
La otra gran patronal catalana, Pimec, ha expresado su satisfacción por la "seguridad jurídica" que este fallo les aporta, al ratificar el Constitucional una normativa vigente, como es la modificación introducida por el PP en el 2012, y considera que "ayudará a corregir la problemática del absentismo, que supone un coste total de 1.155 millones de euros para las empresas de Cataluña", según afirmaron fuentes de la organización.
