El Gobierno prepara una normativa más estricta para suprimir la venta a pérdida y dar transparencia a los criterios de calidad de los productos agroalimentarios, como una manera complementaria de mejorar la renta media a los agricultores y defender los intereses de los consumidores.
Las protestas emprendidas por agricultores y ganaderos en las últimas semanas han sacudido tanto a la industria como a la distribución y al mismo Gobierno. La denuncia de que los precios que se pagan al sector primario amenazan la supervivencia de las explotaciones ha señalado directamente a la distribución y a los intermediarios. La demanda de un marco normativo que proteja al primer escalón de la cadena agroalimentaria ha tenido esta semana la primera consecuencia. Mientras en Bruselas se negocia que la Política Agraria Comunitaria (PAC) no merme lo irrecortable, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se comprometió con los consumidores a buscar una solución para que agricultores y ganaderos "sean retribuidos de una manera justa por su trabajo".
En una reunión celebrada la noche del jueves, Planas se comprometió "a corregir los desequilibrios existentes en la cadena agroalimentaria" y a dotar de mayor transparencia la evolución de los precios entre productores y la venta. En la reunión se habló en concreto "de "suprimir la venta a pérdida y las promociones engañosas".
Planas introduce de esta manera en el debate un nuevo elemento en las reclamaciones de agricultores y ganaderos, que afecta a toda la cadena agroalimentaria pero también a los productores, al considerar que "las promociones engañosas pueden confundir al consumidor, que tiene derecho a estar bien informado".
Paralelamente, el ministerio trabaja en el diseño de una nueva normativa sobre calidad según distintos grupos de alimentos, "con el objetivo de fomentar la valorización de los productos y facilitar a los consumidores un mejor conocimiento de sus cualidades".
Planas trasladó a las asociaciones de consumidores el objetivo de "dar mayor transparencia al conjunto de la cadena para conocer el valor añadido que cada eslabón incorpora y cuál es el proceso de formación de los precios". Fue una manera de expresar la caza de brujas que se producirá en toda la cadena para detectar a aquellos actores que son los responsables del incremento desaforado de los precios. La renta agraria cae y sin embargo algunos de los productos básicos incrementan su precio el 600% entre lo que cobra el agricultor y lo que paga en el supermercado el consumidor (el 635%, la patata; el 620%, la cebolla; el 509%, la naranja...).
La estrategia del Gobierno es buscar la fórmula adecuada para incrementar los ingresos del sector primario sin necesidad de que ese incremento se repercuta en la factura final que pagan los consumidores y por consiguiente en el IPC.
La Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc) y la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) reunirán el próximo 3 de marzo a más de 200 directivos y responsables de sostenibilidad de la industria agroalimentaria para dibujar posibles salidas al conflicto actual. El denominado Congreso de Desarrollo Sostenible se propone analizar e impulsar el papel del sector del gran consumo como motor de un modelo económico que compatibilice objetivos económicos, sociales y medioambientales, así como analizar el rol del conjunto de la cadena agroalimentaria.
Para el director general de Aecoc, José María Bonmatí, "la capacidad de convocatoria y representatividad de Aecoc y de FIAB nos permite impulsar un foro capaz de influir y concienciar a las empresas sobre su responsabilidad en el desarrollo de un modelo productivo sostenible basado en la economía circular. La sostenibilidad es ya una prioridad para los consumidores y una exigencia a la que las empresas deben responder con estrategias sólidas y de continuidad en el tiempo". En todo el debate, el resultado de las negociaciones en Bruselas este viernes tendrá una influencia fundamental en el devenir de soluciones para unos y otros en la cadena agroaalimentaria.
