El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, avanzó ayer en el Congreso de los Diputados su propósito de avanzar en la reforma del sistema de pensiones con el fin de que esta ya sea de aplicación a partir de enero del 2021. «El objetivo es que a partir del año que viene las pensiones tengan un nuevo marco legal estable», afirmó Escrivá en su primera comparecencia parlamentaria para presentar las políticas de su departamento. Esto implica que el ministro deberá llevar al Congreso de los Diputados en la segunda mitad de este año una propuesta de reforma del sistema de pensiones que, previamente, pretende negociar en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo y con los agentes sociales.

De momento, se pretende que la revalorización de las pensiones del 2021 se pueda realizar ya de acuerdo con un nuevo índice estable que garantice el poder adquisitivo de las prestaciones y sustituya para siempre al actual indicador que limita la subida al 0,25%. El nuevo sistema estable evitará tener que volver a adoptar soluciones transitorias como las que han sido precisas en los tres últimos años para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, mediante subidas vinculadas al IPC.

librar cargas / Además, para sanear en un primer momento las cuentas de la Seguridad Social, Escrivá explicó que bastará librar al sistema de algunos cargas impropias que aumentan sus gastos (con prestaciones no contributivas) o merman sus ingresos (con bonificaciones de cuotas sociales al empleo). Ese proceso podría empezar ya en el 2020, en los Presupuestos del Estado que prevé aprobar el Gobierno, según admitió la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Las tensiones financieras llegarán a medio plazo, a partir del 2025 o el 2030 con la jubilación de las personas procedentes del baby boom. Para afrontar esas tensiones, Escrivá confía en la «palanca» que supone seguir aproximando la edad efectiva de jubilación (64,4 años) a la edad legal (67 años). «Ya hay instrumentos para propiciar de forma voluntaria jubilaciones más largas. Hemos de fomentarlos», dijo, tras advertir que no son suficientemente conocidos. También confía el ministro en que el aumento de la población (sobre todo, por vía de la inmigración) ayudará a sostener los ingresos del sistema.

SÓLIDa Y SOLVENTE / «La Seguridad Social es solvente», empezó diciendo Escrivá en la Comisión de Trabajo. «Tenemos una Seguridad Social sólida y solvente como punto de partida» y las tensiones que cabe esperar en los próximos años «son gestionables y manejables», insistió antes de detallar su plan. El ya expresidente de la Autoridad Fiscal censuró el «catastrofismo», la «incertidumbre» y la «inquietud» que se está instalando en la opinión pública sobre el sistema de pensiones, «porque no es verdad». Escrivá relacionó parte de este estado de opinión con la difusión de algunos estudios, a su juicio interesados, que ponen el acento en las dificultades financieras del sistema y en la necesidad de ahorrar en planes privados para la jubilación.

Durante su comparecencia, el ministro planteó a los diputados un triple consenso en materias de inclusión, pensiones e inmigración. Dentro del «consenso por la inclusión» incluyó el diseño de un «ingreso mínimo vital» que permita garantizar una renta mínima a las personas sin recursos y «romper el círculo entre desigualdad, incertidumbre y falta de oportunidades».

El diseño de este ingreso constituirá, según el ministro, la política de gasto más importante de la legislatura. Según Escrivá, la nueva partida deberá garantizar «una cantidad mínima» en el conjunto del Estado a partir de la cuál podrán actuar las rentas mínimas de inserción de cada comunidad autónoma.

Está prevista la introducción gradual del ingreso a lo largo de la legislatura, empezando ya en el 2020 con ayudas contra la pobreza infantil. Escrivá aseguró que «aspira a ser mucho más que una renta mínima universal», ya que se focalizará en las necesidades individuales y favorecerá la inclusión «para que nadie se quede atrás».