La ansiada revolución de la quinta generación de telefonía móvil, conocida como 5G, tendrá que esperar. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha comunicado a la Comisión Europea que ha decidido aplazar la liberación de la banda de 700 megahercios, proceso conocido como Segundo Dividendo Digital, 'sine die'.

Este proceso, que consiste en cambiar las frecuencias asignadas a los canales de televisión en la banda de 700 megahercios (694-790 MHz) con el fin de utilizarlas para desplegar las futuras redes 5G, tenía como fecha límite mandatada por la Comisión Europea para su ejecución el 30 de junio de 2020, aunque se preveía la posibilidad de que se pudiera aplazar la fecha por motivos como la fuerza mayor, como es el caso actual.

A la cancelación de la liberación de la banda, se añade también el aplazamiento de la subasta que asigna las frecuencias a los operadores de telefonía con red como Telefónica, Vodafone u Orange. El aplazamiento de las licitaciones de bandas de frecuencias para servicios 5G es una decisión adoptada en los últimos días por otros países de la Unión Europea, como Francia, Austria y Portugal, pero que probablemente suponga que el despliegue comercial --previsto para finales de 2020 y principios de 2021-- se ralentice.

La nueva fecha de momento se desconoce. El ministerio reconoce que todo depende de "cuándo finalicen las medidas de contención adoptadas para hacer frente al coronavirus". En todo caso, se avanza que será el "mínimo plazo imprescindible para completar el proceso".

En la comunicación enviada a la Comisión Europea, el departamento de Nadia Calviño explica que la decisión del aplazamiento, que no es una suspensión, sino que llega "después de constatar que las medidas de restricción de la movilidad" están ocasionando retrasos en la planificación original que impiden finalizar el proceso antes del 30 de junio.

El 24 de julio se inicio la resintonización de canales de televisión para despejar la banda de los 700 MHz y la intención era finalizar el proceso en el plazo de un año. Y, aunque desde que el principio del estado de alarma, el ministerio ha dado instrucciones de mantener, "siempre que se salvaguarde la salud de los trabajadores", la ejecución de las actuaciones del proceso, al final se ha constatado el retraso.

LOS OPERADORES APLAUDEN LA DECISIÓN

La patronal de los operadores ha aplaudido la decisión del ministerio de aplazar los tiempos. Las actuales circunstancias entrañan una serie de riesgos operativos, financieros y estratégicos ligados a este proceso que no pueden ser asumidos por el conjunto de agentes involucrados, asegura en un comunicado DigitalES.