La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, compareció ayer en el Senado por vez primera desde que se formó el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. La cita no se había producido antes porque entre la investidura y ayer ha llegado a España una pandemia que ha puesto patas arribas el mercado laboral (entre otros muchos sectores) y también provocado una enorme polémica política. El pasado miércoles, socialistas y morados llegaron a un acuerdo con EH Bildu en el que se comprometían a derogar la reforma laboral de manera «íntegra» a corto plazo, antes de que finalicen las medidas extraordinarias frente al coronavirus. El pacto con los aberzales, después rectificado, intentaba asegurar la abstención del partido vasco en la prórroga del estado de alarma, pero provocó un enorme malestar en todos los sectores. Desde socios del presidente Pedro Sánchez como el PNV, hasta los empresarios y los sindicatos, pasando por el propio Gobierno, con Nadia Calviño denostándolo y Pablo Iglesias defendiéndolo.
Díaz, dirigente muy cercana al vicepresidente segundo, se sitió en una posición intermedia, pero dejó claro que la derogación se aprobará contando con la patronal y las centrales sindicales. No dio plazos y fijó como prioridad la lucha contra el covid-19. Tampoco entró en si la anulación será total, opción que rechaza el PSOE, que defiende que sea solo de sus aspectos «más lesivos», porque si no se incurriría en un «vacío legal», advirtieron.
El pasado jueves, el líder de Podemos dijo sobre el pacto con EH Bildu: «En el acuerdo de Unidas Podemos con el PSOE para la legislatura, la investidura y el Gobierno de coalición no se habla de derogación parcial. Se habla de la derogación de la reforma laboral […]. En el pacto que se firmó ayer, que firman los máximos responsables de los tres grupos parlamentarios, ese es el acuerdo».
El PSOE rectificó el pacto original con los aberzales, sustituyéndolo por el mismo enunciado fijado en el acuerdo de coalición entre Sánchez e Iglesias: solo hablaba de tumbar la reforma, pero sin dar plazos ni extensión de la derogación. Fue Calviño quien forzó esa rectificación.
En opinión del presidente del PP, Pablo Casado, el acuerdo entre el PSOE y Bildu es uno más de Sánchez con los «proetarras».
