En pie de guerra. Las concesionarias de autopistas han acogido con estupor las compensaciones previstas por el Gobierno por las caídas de tráfico registradas por el estado de alarma y anuncian que recurrirán a los tribunales.

A juicio del sector, agrupado en la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), el Ejecutivo vulnera "derechos y principios constitucionales, como los de seguridad jurídica y confianza legítima, igualdad de trato y no confiscación de bienes y derechos".

En el artículo 25 del último decreto de medidas de reativación económica se prevén medidas de compensación pero basadas en el margen bruto de explotación de las concesiones (diferencia entre ingresos y gastos), no en los ingresos como defiende el sector y se incluyen en los contratos de explotación afirman. En todo caso, la compensación se produciría mediante el alargamiento de la concesión por un periodo que "en ningún caso" podrá exceder "la duración de la vigenca del estado de alarma", que fueron tres meses.

Al conocerse los primeros detalles de esta medida ya hubo protestas de algunas entidades como las cámaras de comercios catalanas, el RACC o la patronal vallesana Cecot, pero en este caos por considerar que ello "afectaría negativamente a la competitividad de las empresas" .

Algunas de las grandes concesionarias, como Abertis han acogido la compensación con frialdad y están calculando si les slaa a cuenta pedir que se alarguen sus concesiones, según fuentes de la compañía. En este caso, las autopistas del Estado que gestiona son la Ap-2 y la Ap-7 en las que los tramos todavía con peaje vencen en agosto del año que viene.

Según la CNC, la fórmula empleada por el Gobierno suprime, "con efectos retroactivos, los derechos legales y contractuales que a estos concesionarios pudieran corresponder derivados de la normativa general de contratos del Estado, de la normativa especial dictada como consecuencia de la crisis sanitaria y de las cláusulas de los contratos".