Y ahora, los ayuntamientos. El Ministerio de Hacienda ha trasladado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) una nueva propuesta para que las entidades locales puedan participar en la reconstrucción del país tras la pandemia y, excepcionalmente, ha planteado no exigir este año el cumplimiento de la regla de gasto. Este corsé limita la capacidad de crecimiento del gasto de las administraciones a la tasa de referencia del PIB a medio plazo, situada en el 2,9% este año.
Esta es la principal novedad de un nuevo documento que Hacienda está negociando con la cúpula de la FEMP, es decir con el presidente y alcalde socialista Abel Caballero, pero que para los alcaldes del PP no es ninguna concesión del Gobierno, porque ya daban por hecho que en la actual situación de crisis todas las administraciones iban a incumplir la regla de gasto.
La propuesta de Hacienda de crear un fondo con el superávit municipal a través de un préstamo de los entes locales al Estado se incluyó en un borrador de real decreto ley que adelantó este diario. La idea era que luego Hacienda transfiriera en el 2020 y el 2021 un total de 5.000 millones de este remanente para que computara como ingreso no financiero para los consistorios y evitar que incurrieran en déficit y el Estado lo asumiera como gasto no financiero. El resto del superávit, unos 9.000 millones, Hacienda se otorgaba hasta 10 años para devolvérselo a los entes locales.
Además, los alcaldes del PP consideran que la suspensión de la regla de gasto este año es insuficiente y debería ser extensible al 2021, que es cuando se sufrirán las consecuencias por la bajada de la recaudación y en cumplimiento del acuerdo alcanzado en la Comisión de Reconstrucción del Congreso.
Abel Caballero destaca que «el planteamiento de Hacienda es muy bueno para las entidades locales». El alcalde socialista de Vigo destaca que los municipios pasarían de una ley, la de estabilidad presupuestaria, que no les deja desde el 2012 emplear sus superávits «a una propuesta en la que el Gobierno asume el déficit y nosotros podemos usarlos».
Caballero también destaca que el planteamiento del Ministerio de Hacienda incluye otras propuestas «muy importantes» sobre fondos europeos, sobre uso del superávit, sobre entregas a cuenta y «otras para los ayuntamientos que no tienen déficit ni superávit».
Aparte de la flexibilidad con la regla de gasto y modificaciones en las inversiones financieramente sostenibles (IFS), a las que pueden dedicarse legalmente los superávits municipales, el Gobierno mantiene la propuesta inicial que se basa en que los ayuntamientos constituyan voluntariamente un préstamo a favor del Estado por el importe de sus remanentes.
Los ayuntamientos podrán destinar este dinero a la agenda urbana y de movilidad sostenible (oferta de vivienda de alquiler o construcción de carriles bici), política de cuidados para personas mayores y dependientes, ayuda a domicilio y teleasistencia y cultura.
En declaraciones a Efe el viernes, el portavoz del PP en la FEMP, Jorge Azcón, ha pedido que la negociación se abra a todos los partidos políticos, porque, si ésta es la propuesta última, «es inaceptable». Para Azcón, la propuesta se resume en que los ayuntamientos pierden en el 2020 y el 2021 el 65% de sus ahorros, que, sin embargo, gana el Estado en liquidez. Además, según el también alcalde de Zaragoza, el Estado no comienza a devolver el préstamo hasta el 2022, porque se le dan dos años de carencia. Por tanto, considera necesario renegociar el acuerdo, ya que, de no ser así, se abrirá una brecha en el municipalismo en el seno de la FEMP.
Otro asunto criticado por los alcaldes es que la propuesta hable de estudiar la participación de las entidades locales en las ayudas europeas, pero no fije un porcentaje de reparto. H
