N o fue a la primera ni tampoco a la segunda, pero esta vez hay esperanzas de que se apruebe, casi a la enésima ocasión. El régimen sancionador a la morosidad, pendiente desde hace años y a punto de salir adelante en alguna ocasión (la última al final de la anterior legislatura), puede acabar viendo la luz el próximo otoño. Esta es una reivindicación constante de organizaciones como la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) desde que entró en vigor en el 2010 la ley que establecía el plazo legal de pago entre empresas en 60 días y en 30 cuando la contratista es la Administración. Estos se han dilatado mucho, en especial los de las grandes empresas, denuncian las pymes. De ahí la insistencia en un sistema de penalización que haga efectiva la ley.

JxCat acordó con los socialistas y Unidas Podemos una enmienda al primer bloque de resoluciones del dictamen de la comisión de reconstrucción económica y social del Congreso una medida en esta línea. El texto insta a «aprobar un régimen sancionador que contribuya a evitar el incumplimiento de los plazos legales de pago, reduciendo de esta manera la necesidad de endeudamiento financiero de muchas pymes».

La iniciativa incluida en las resoluciones de la comisión de reconstrucción tienen ahora la intención de que en esta ocasión sea la definitiva. Y se justifica en la necesidad de «incrementar la liquidez de las pymes y autónomos y mejorar su competitividad y productividad», según la enmienda incorporada.

A su vez, en el bloque sexto del paquete de iniciativas, dedicado a la política fiscal y eficiencia del gasto público instan a «impulsar los mecanismos necesarios para que las administraciones públicas cumplan los plazos de pago a sus proveedores y suministradores», como recoge el documento.

«Vamos a pedir prioridad para tramitar la iniciativa a partir de septiembre», explica Ferran Bel, diputado de JxCat, del grupo parlamentario plural, impulsor de la iniciativa. Se muestra confiado en que además contarán para aprobar el régimen sancionador también con el apoyo de Ciudadanos, que votó a favor de las resoluciones en la parte económica y posiblemente de ERC, lo que otorga una mayoría suficiente. Y en lo que respecta al Partido Popular, este se muestra menos esperanzado. La PMcM, que agrupa a más de un millón de pymes y autónomos, se apresuró a aplaudir la iniciativa que persiguen desde hace ya años. Esta organización presidida por Antoni Cañete, recuerda las recomendaciones del Consejo Europeo para España para el 2021 y el 2022. Estas incluyen «asegurar la aplicación efectiva de las medidas encaminadas a proporcionar liquidez a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores autónomos, particularmente evitando retrasos en los pagos».

Al igual que la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Bel defiende también limitar el uso del confirming . Mediante este sistema, que consiste en ceder a una entidad financiera la gestión del pago a proveedores, que cobran antes del plazo legal a cambio de intereses y comisiones que en muchos casos los grandes contratistas, por su mayor poder de negociación, fuerzan a los subcontratistas a pagar. La morosidad empresarial puede generar pérdida de puestos de trabajo y cierre de empresas en estos momentos, en los que medio millón de empresas están en riesgo de quiebra principalmente por el retraso en los pagos. H