El director general de la Asociación de Empresas Industriales Internacionalizadas (Amec), Joan Tristany, ha comunicado a la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio, que facilite la movilidad de su personal, garantizando igualmente todas las medidas de seguridad, debido a los problemas que las empresas industriales se están encontrando en su actividad internacional.

Amec solicita que, siempre con un certificado responsable de la empresa y en los casos en los que el trabajador no pueda realizar la prueba en el exterior, pueda realizarla en el momento de su llegada al aeropuerto español. Sin embargo, la normativa actual de la Dirección General de Salud Pública establece que, para poder entrar a España vía transporte aéreo o marítimo, todo pasajero procedente de países considerados de riesgo por motivos de pandemia deberá disponer de una PCR con resultado negativo, realizada en las setenta y dos horas previas a su llegada.

Amec ha advertido de que "muy a menudo" los desplazamientos y la vuelta se realizan en el mismo día o, por el contrario, se llevan a cabo en zonas alejadas donde es "difícil" realizarse una prueba, así como obtener los resultados en inglés o español, tal y como exige la normativa. Además, en países como, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda o Japón existe una "verdadera dificultad de sincronización" entre la realización de la prueba, el tiempo de proceso y obtención de resultados y de conexiones aéreas que hacen "imposible" cumplir el tiempo de 72 horas desde la obtención de resultados.

"Creemos que es una solución efectiva y posible, que garantiza el objeto de la resolución y permite la actividad laboral y empresarial, no limitando la actividad de nuestras empresas en el exterior", ha explicado el director general de Amec. Asimismo, Tristany ha trasladado esta situación, y su posible solución, a los responsables de la Administración relacionados con la industria y el comercio internacional, como son el secretario general de Industria, Raül Blanco; la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez; y la consejera delegada de ICEX, María Peña; así como a los responsables de Economía y Empresa de las administraciones autonómicas.