Los grandes propietarios de pisos consideran que el decreto propuesto por el Gobierno para paralizar los desahucios de familias vulnerables mientras se mantenga en vigor el estado de alarma fomenta la ocupación de viviendas. El decreto está previsto que se apruebe si los partidos que forman el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos llegan a un pacto, puesto que en estos momentos suscita algunas diferencias entre el Ministerio de Transportes. Movilidad y Agenda Urbana y el vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias. Los propietarios que forman parte de la asociación ASVAL argumentan que el decreto supone la legalización de la ocupación ilegal, "lo que va a convertir a España en el único país avanzado que permite este tipo de prácticas fuera de la ley y peligrosas, como se ha visto recientemente con el incendio de una nave ocupada en Badalona".
ASVAL señala que si se aprueba el decreto con la propuesta actual, los propietarios de vivienda en alquiler afectados reclamarán al Estado responsabilidades por expropiación del derecho de uso de sus activos. El decreto generará, asimismo, un efecto llamada a nuevas ocupaciones, según la mencionada asociación. Los propietarios agregan que el texto legal puede dar lugar también responsabilidades de tipo penal para el Estado en el caso de que se produzcan conflictos en las viviendas ocupadas tras la aplicación del decreto, ya que los propietarios se verán privados de su derecho de propiedad y no podrán garantizar la seguridad de su vivienda.
La asociación pide buscar soluciones para los inquilinos con dificultades temporales para pagar las rentas de sus alquileres por efecto de la crisis generada por la pandemia. Sin embargo, se manifiestan totalmente en contra de ofrecer estas mismas soluciones a quienes ocupan ilegalmente una propiedad.
El decreto propuesto establece que serán los servicios sociales los encargados de acreditar la vulnerabilidad de las familias y las Comunidades Autónomas las que tengan que proporcionarles un alojamiento alternativo en un plazo de tres meses. Sin embargo, las administraciones autonómicas carecen de un parque de vivienda social suficiente para garantizar este realojo, una opinión compartida por diferentes agentes del sector. España cuenta con uno de los parques de vivienda social más reducidos de Europa, ya que, según datos de Eurostat, tan solo representa el 2,5% del total de viviendas, frente al 30% de los Países Bajos, el 24% de Austria o el 17% de Francia.
Efecto llamada e inseguridad jurídica
Los propietarios agregan que esta nueva ley generará un efecto llamada a la ocupación ilegal, lo que ampliará la inseguridad jurídica en el mercado de vivienda. Sobre este aspecto, Beatriz Toribio, directora general de ASVAL, explica que la normativa que el Gobierno va a aprobar perjudicará a los colectivos con menores recursos, ya que habrá menos oferta de vivienda, será más cara y los propietarios priorizarán a los inquilinos más solventes.
Destacan que el acuerdo perjudica al sector, frena su profesionalización y desarrollo y contradice las recomendaciones de organismos internacionales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha publicado recientemente un informe dedicado a la situación del alquiler en España, en el que advierte de los riesgos de sobreproteger a los inquilinos y sobrerregular el sector, y en el que aboga por incrementar el parque social de vivienda en alquiler.
ASVAL concluye que el grueso de la futura medida va en contra de los grandes tenedores, "que son cruciales para el desarrollo del este mercado en España y que requieren de seguridad jurídica para mantener sus inversiones en nuestro país". Agregan que es una medida completamente desproporcionada, ya que carga toda la obligación de dar solución al problema social de la vivienda en el sector privado, cuando es una obligación de la Administración.
