El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el ansiado plan de rescate para el turismo, la hostelería y el comercio cuantificado en 4.220 millones de euros, pero sin ayudas directas, como pedía el sector. Es decir, a través de rebajas en el alquiler de los locales, incentivos fiscales, una nueva partida de créditos ICO específicamente destinada a estos sectores, moratorias de impuestos para autónomos y pymes o el aplazamiento en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. Medidas, todas ellas reclamadas por el sector, pero "insuficientes" ante la inexistencia de inyecciones de dinero, como ha ocurrido en otros países como Francia y Alemania. "Esta es la forma de expresar las ayudas directas que tiene el Gobierno de España, una administración que no tiene una proximidad que permita dar un cheque a miles de negocios distribuidos por toda la geografía (...) el cheque lo hacemos llegar con exenciones, reducciones en la cuota a la Seguridad Social o exenciones de pago de tributos o la renta del arrendado", ha defendido la ministra portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero.
Montero ha sido la encargada de desgranar el paquete de medidas ante la ausencia de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, que se encuentra en cuarentena tras el contacto estrecho con un caso covid-19. Las medidas contenidas en el plan se dividen en cinco grandes bloques, empezando por aquellas dirigidas aliviar el coste fijo de los alquileres al que los establecimientos turísticos y comerciales tienen que hacer frente a pesar de estar cerrados, como ya se había desvelado. Así, en el caso de los grandes tenedores (propietarios de más de 10 inmuebles), estos disponen de siete días para decidir si reducen en un 50% la renta o una moratoria en el pago mientras dure el estado de alarma y sus prórrogas, hasta un máximo de cuatro meses desde su finalización. En caso de que no opte por ninguna de estas opciones, será el arrendatario quien elija una de esas dos opciones. El número potencial de beneficiarios, según el Gobierno, serían 190.000 locales, 33.000 relacionados con el turismo y 157.000 comercios.
En el caso de que el propietario del local sea una persona física con menos de 10 viviendas, el Gobierno establece un incentivo fiscal para que estos rebajen la factura del alquiler en los meses de enero, febrero y marzo al poder computar como gasto deducible del IRPF la rebaja en el precio del alquiler. Aunque en este caso, es una medida voluntaria. Es decir, el propietario de un local alquilado por 1.000 euros mensuales a un establecimiento relacionado con el turismo, la hostelería o el comercio puede rebajar el precio a 400 euros y aplicarse como gasto deducible en IRPF los 600 euros restantes; si perdona el alquiler al completo, el gasto que se podrá deducir será de los 1000 euros. El Gobierno estima que a esta medida se podrán acoger hasta 323.701 arrendadores.
También se crea un nuevo tramo de la línea de avales del ICO para pymes y autónomos del sector turístico, hostelería y "actividades anexas" dotado con 500 millones de euros y con hasta un 90% de garantía. Además, las agencias de viaje y operadores turísticos podrán utilizar la financiación avalada por el ICO para la devolución de las reservas de viaje y se "propone" la creación de una Sociedad de Garantía Recíproca de carácter exclusivamente turístico que tiene como finalidad "facilitar el acceso a la financiación mediante garantías". Su capacidad para inyectar liquidez es del 700% de su capital.
En el ámbito tributario, el Ejecutivo permitirá aplazar durante seis meses el pago de impuestos, con tres meses de carencia, hasta un máximo de 30.000 euros que afectará a la liquidación y autoliquidaciones cuyo plazo finaliza entre el 1 y el 30 de abril. Es decir, pymes y autónomos podrán pagar los impuestos del primer trimestre en octubre. Además, aumenta la reducción en la tributación por módulos del IRPF del 5% al 20% con carácter general y hasta el 35% en el canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías). Esta medida se aplicará para el cuarto pago fraccionado de 2020 y para el primer pago de 2021. Además de otras medidas como la reducción del número de períodos impositivos afectados por la renuncia al método de estimación objetiva en el IRPF; la exención fiscal para los vales de comida se podrá aplicar también en los pedidos a domicilio; la deducibilidad de pérdidas por deterioro de los créditos derivadas de las posibles insolvencias de deudores y la reducción del plazo que las cantidades adeudadas por los arrendatarios tengan la consideración de saldo de dudoso cobro.
En el ámbito laboral, se amplia el "catálogo" de sectores "ultraprotegidos", en palabras de Montero, para abarcar también al comercio al por mayor de bebida, a los restaurantes y puestos comida, establecimientos de bebidas, actividades en el jardín botánico, parques zoológicos o reservas naturales. "Estas empresas estarán exoneradas de pagar parte de las cotizaciones sociales que se devengarían en diciembre de 2020 y enero de 2021", ha anunciado Montero. Además, las empresas dentro de estos sectores se podrán aplicar bonificaciones del 50% de las cuotas a la Seguridad Social para los llamados contratos fijos discontinuos de abril a octubre del año 2021.
Por último, se flexibilizan los requisitos para el mantenimiento de los incentivos regionales, se amplía la moratoria para presentar concursos de acreedores y se establece un régimen transitoria de las zonas de gran afluencia turística para 2021. "Se trata de proporcionar ayudas y recursos para aliviar los costes fijos de las empresa y facilitar la liquidez para que las empresas no tengan dificultades añadidas y los trabajadores puedan cobrar la nómina", ha insistido Montero.
