Las negociaciones sobre la nueva Ley de Vivienda han reabierto el pulso entre PSOE y Unidas Podemos a cuenta de la regulación del alquiler, que ya ha despertado tensiones en el pasado, y que se amplifica ante el clima preelectoral por el adelanto de elecciones en Madrid.

Y es que se trata de una normativa que el aún vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha marcado como objetivo prioritario antes de recalar como candidato de Unidas Podemos a las elecciones autonómicas, como el mismo avanzó en su anuncio sorpresa de este lunes. Por tanto, sus esfuerzos se centrarán en encauzar este asunto mientras siga en el Ejecutivo.

La propuesta escrita presentada por el Ministerio de Transportes, basada en incentivos fiscales a propietarios que decidan bajar el alquiler, ha provocado el rechazo expreso en Unidas Podemos, que acusa a los socialistas de no cumplir el acuerdo de gobierno para regular el alquiler con control de precios y obligaciones a grandes propietarios.

El propio Iglesias lo ha evidenciado este mismo jueves con una advertencia al PSOE de que incumplir lo pactado, en una materia tan sensible como vivienda, equivale a una "falta de respeto" a los ciudadanos. De hecho, ha recalcado que la situación para muchas familias es "indecente" y que lo que caracteriza a un gobierno de izquierdas es "cumplir" los compromisos pactados.

No ha sido el único representante del socio minoritario que ha lanzado un aviso claro a los socialistas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha manifestado al respecto que "lo que se firma es palabra sagrada", y ha dejado claro que solo podría salir adelante con el apoyo del PP, lo que significaría, ha dicho, un "cambio de socio".

"No se puede incumplir un acuerdo de gobierno que supone la esperanza para millones de españoles". "Si todos respetamos el acuerdo, no habrá ruidos, ni tensiones", ha zanjado. Este jueves, fuentes de Unidas Podemos acusaron al PSOE de "sucumbir" a los intereses de la patronal inmobiliaria con un modelo "antisocial" y que beneficia a los grandes propietarios a través de esas bonificaciones.

Apoyo a Ábalos

En el ala socialista, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido el modelo de incentivos diseñada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, al sostener que el sistema de bonificaciones cumple con el acuerdo de coalición, aunque escucharán las aportaciones de la formación 'morada'.

El titular de este departamento, José Luis Ábalos, cree que hay espacio para "converger" con Unidas Podemos respecto a la Ley de Vivienda, dado que las negociaciones siguen abiertas. Más incisiva ha sido Calviño, que respeta la política de "eslogan" y de "comunicación pública" de los morados, para dejar claro que ella está "en la sustancia".

La línea marcada

En la formación morada tienen claro que no van a ceder sobre la regulación del precio del alquiler que persiguen desde hace tiempo, al ser un compromiso refrendado en varias ocasiones, como en el caso del pacto sobre Presupuestos Generales.

Sobre todo cuando el modelo propuesto tampoco satisface a los socios de investidura, con los que los morados coinciden y han refrendado postura común en varias ocasiones. En esta línea, deslizan que mantener el modelo de incentivos entraña riesgo de distanciamientos con grupos de dicho bloque, que en otras ocasiones ya han dado avisos al no apoyar votaciones clave. También inquieta que se pueda mirar hacia Cs en este asunto, debido a la situación actual de la formación naranja.

Además, son conscientes que la regulación del precio del alquiler es una cuestión que demandan muchos sectores sociales es relevante en territorios como Cataluña y Madrid, región a la que precisamente va a concurrir Iglesias.

Lo que sí tienen claro que van a seguir peleando por que se cumpla el programa de la coalición, empezando por la regulación de los alquileres, la ley Trans o el inicio de la derogación de la reforma laboral, que Iglesias espera dejar encarrillado antes de abandonar el Gobierno dentro de un mes.

Y es que la Ley Trans también ha suscitado discrepancias entre la coalición, con acusaciones pasadas de Unidas Podemos al PSOE por entender que bloqueaba su tramitación.