Seis de cada diez propietarios particulares consideran que el precio de los alquileres en España es, en la actualidad, alto o muy alto, mientras que el 33% asegura que son precios correctos y el 5% indica que son bajos o muy bajos. 

Así lo reflejan los datos del informe ‘Radiografía del arrendador en España. ¿Cómo afectarían las medidas intervencionistas en el mercado del alquiler?’, realizado por Fotocasa y la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), con la intención de analizar la visión de los propietarios respecto al papel del Estado en el mercado de los alquileres privados.

El precio de la vivienda en alquiler registró en febrero la primera caída interanual después de más de cinco años de subidas en cadena, para situarse en 10,48 euros por metro cuadrado, según los datos del Índice Inmobiliario de este portal inmobiliario.

Preguntados por qué medidas podrían contribuir a abaratar los arrendamientos, los propietarios tienen muy en cuenta la posibilidad de impago del inquilino, que según el estudio es además una de sus principales preocupaciones. En este contexto, agilizar el plazo de los desahucios por impagos de renta contribuiría a bajar el precio de los alquileres, en opinión del 78% de los entrevistados.  

Otra medida que los arrendadores verían con buenos ojos es aumentar la oferta pública de alquiler, con la que estaría de acuerdo el 67% del total. Además, el 41% considera que la intervención del precio de los alquileres privados bajaría el precio de las rentas, mientras que al 34% le parece que congelar las rentas de los alquileres privados por periodos de tiempo ayudaría con este objetivo. 

Parque de alquiler y acceso a la vivienda

A lo largo de 2020, el volumen de alquileres se redujo ligeramente, hasta el 17,3% del total de hogares españoles (desde el 18,3% anterior), frente al 76,9% que supone la vivienda en propiedad, según los datos de la última Encuesta Continua de Hogares (ECH) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La falta de viviendas en el mercado del alquiler asciende hasta los dos millones de inmuebles, de acuerdo con otro informe reciente de la consultora Savills Aguirre Newman, que serían necesarias para complementar el parque actual, que ronda los 2,5 millones. Según detallan desde la firma, de estos dos millones adicionales para que la oferta de vivienda en alquiler se sitúe al nivel de otros países de Europa, una parte importante debería tener algún tipo de protección o rentas asequibles.

En general, desde el punto de vista de los propietarios, el problema de acceso a la vivienda se debería resolver por la contribución del sector público, aumentando el gasto público en vivienda social. Sin embargo, más de la mitad de los encuestados por Fotocasa (55%) opina que los grandes tenedores sí deberían ceder un porcentaje de su parque a viviendas sociales.

En este sentido, la mayor parte de los propietarios (más de seis de cada diez) estima que reducir el plazo de los desahucios en caso de un impago de la renta aumentaría la oferta de viviendas en alquiler porque daría mayor seguridad jurídica a los arrendadores. A su vez, el 13% piensa que no debería afectar, mientras que otro 13% considera que afectaría muy poco. 

También demandan una incentivación fiscal del Estado, lo que creen que serviría para generar mayor número de viviendas para alquiler. En concreto, el 78% está a favor de una iniciativa fiscal de este tipo. Por otra parte, más de la mitad coincide en que medidas como exigir a los inquilinos garantías y avales por dos meses de renta o actualizar anualmente con el IPC son insuficientes (62% y 57%, respectivamente). 

“Los propietarios particulares señalan los problemas que más les preocupan: impagos, destrozos y desprotección jurídica por las Administraciones Públicas. Si se resolvieran esos problemas, aumentaría el parque de viviendas”, ha señalado José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), durante la presentación del informe. “Con mayor seguridad jurídica, seguramente los precios bajarían”, ha añadido.

Medidas estatales

En este sentido, aunque en general los propietarios no estén de acuerdo con el papel intervencionista del Estado, sí se declaran dispuestos a aceptar una regulación estatal del precio de los alquileres, “siempre y cuando estas reviertan en algún tipo de compensación”, detalla el informe de Fotocasa. 

Así, el 67% de los propietarios aceptaría el papel del Gobierno en el mercado del alquiler si a cambio tuviera mejoras fiscales, frente al 7% que estaría poco dispuesto y al 3% que lo rechaza completamente. Además, el 75% se muestra favorable (el 39% totalmente dispuesto y el 36% bastante dispuesto) a aceptar medidas intervencionistas si a cambio se agilizan notablemente los procesos de desahucios para recuperar las viviendas lo antes posible. 

Los propietarios también apoyarían medidas estatales si pudieran consultar los antecedentes de impagos en bases de datos oficiales: hasta el 32% estaría totalmente dispuesto y el 41% estaría bastante dispuesto. 

Asimismo, un 72% de los propietarios defiende aceptar la intervención del Gobierno si se pudieran aumentar las garantías que se exigen a los inquilinos. Este porcentaje se divide en un 27% que estaría totalmente dispuesto y un 45% que estaría bastante dispuesto a apoyar las medidas. Por contra, un 6% estaría poco dispuesto y un 5% no estaría en absoluto dispuesto a apoyarlas.

Por último, algunas medidas ya aplicadas por el Ejecutivo o con posibilidades de ser aprobadas son vistas con recelo. En concreto, ante un eventual control en el precio de los alquileres el 36% de los entrevistados ve atacada su libertad de decisión sobre su vivienda, mientras que el 32% opina que su poder adquisitivo disminuiría. Sin embargo, también son altos los porcentajes de propietarios que piensan que estas son medidas necesarias para que haya un mayor acceso a viviendas de alquiler (32%) y para evitar la especulación (36%).

“Están pidiendo lo que a nuestros ojos parece ayuda para colaborar entre las medidas que propone el Gobierno y las que ellos reclaman”, ha resumido la directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa, María Matos, quien ha apelado a la Administración a "escucharlos” para elaborar una ley que beneficie tanto a inquilinos como a propietarios.