El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha puesto sobre la mesa de negociación con los sindicatos el establecimiento de una indemnización de 33 días por año trabajado, hasta un máximo de 24 mensualidades, para los funcionarios interinos contratados a partir de ahora que sean despedidos después de haber permanecido en situación de temporalidad durante un periodo superior a tres años en cualquiera de las administraciones públicas.
El derecho a la indemnización "nacerá a partir de la fecha del cese efectivo" y la cuantía de la compensación será equivalente a 33 días de sus retribuciones fijas por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de 24 mensualidades", según el texto de la propuesta, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio.
Sin carácter retroactivo
La propuesta, sin embargo, no tendría carácter retroactivo, para ninguno de los alrededor de 300.000 interinos que actualmente se encuentran en fraude de ley en el conjunto de las administraciones públicas (estatal, autonómicas y locales) por acumular más de tres años en esta situación.
La iniciativa del ministro Iceta para reformar el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público y atajar el abuso de la temporalidad existente en la Administración incluye que cualquier nuevo interino que entre en la Administración y acumule más de tres años en una misma plaza sea cesado automáticamente al exceder ese plazo. Además, para 'castigar' a la administración incumplidora, esa plaza quedaría sin cubrir durante un año.
El ministro Iceta se había comprometido a llevar al Congreso de los Diputados antes de finalizar este mes de junio un real decreto ley para la reforma del citado artículo 10 del Estatuto de la Función Pública.
