La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha apremiado este miércoles a la patronal para que se sume a un acuerdo para subir este año el salario mínimo interprofesional (SMI). Y les ha alertado de que su 'no' podría condicionar futuras negociaciones, como la renovación de los ertes; que vencen el próximo 30 de septiembre y que concentran un monto importante de recursos públicos para ahorrar costes a las empresas. Hasta ahora la CEOE se ha mantenido contraria a cualquier aumento del SMI este año, alegando que ello podría tener un efecto nocivo para el empleo y lastrar la recuperación económica.

Las negociaciones por esta cuestión siguen su curso de manera bilateral entre el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales, aunque el compromiso reiterado por el Ejecutivo es que esto se salde de manera "inminente", con o sin acuerdo. Los sindicatos, por su parte, se han abierto a aceptar rebajas más moderadas este año si se cierra un compromiso para llegar a los 1.049 euros en el 2023. 1,5 millones de trabajadores dependen directamente de si sube o no el salario mínimo.

"No parece lógico es que dentro de tres días empecemos una negociación en la que los representantes empresariales nos van a decir que hay que extender las bonificaciones, hay que extender las prestaciones... cuando no haya habido un acuerdo [con el salario mínimo]", ha afirmado la vicepresidenta primera en una entrevista este miércoles en Onda Cero. "Los ciudadanos no entenderían que desde el mundo empresarial no haya ningún tipo de sensibilidad con la necesidad de mejorar las condiciones de los trabajadores con los salarios más bajos, sobre todo cuando en el curos del mes de septiembre vamos a tener también que decidir que hacemos con los ertes y la prestación de los autónomos", ha añadido.

De apoyar a la patronal en enero a apremiarla en septiembre

El discurso de la ministra de Economía ha ido modulando con el paso de los meses sobre la cuestión del salario mínimo. A finales del 2020, cuando se intentó -sin acuerdo- el primer conato de subida, Calviño apoyó a la patronal en su demanda de no subir el SMI dada la incertidumbre económica y la moderada evolución del PIB. Durante los meses posteriores se mantuvo en ese 'ahora no toca', pues entendía que los datos macroeconómicos no acompañaban. Postura que le enfrentó con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha sido partidaria de la subida ya desde enero.

No obstante, en el último Consejo de Ministros de julio Calviño modificó su discurso y se abrió a una subida en la recta final del año, una vez se habían recuperado los niveles de ocupación del verano del 2019. Una vez reabiertas las mesas de negociación, la patronal se ha mantenido en su 'no' a cualquier subida este año y ahora la vicepresidenta primera apremia a los empresarios para que acaben sumándose a un acuerdo tripartito junto al Ejecutivo y los sindicatos. Pese a las tensiones evidentes entre Calviño y Díaz sobre esta cuestión, con las palabras de este miércoles la vicepresidenta primera cierra filas con la segunda para empujar a los empresarios a un acuerdo, aunque sea con un incremento "limitado", tal como se refirió la propia Calviño.

Los sindicatos flexibilizan sus propuestas

Las negociaciones siguen de manera bilateral y ahora Trabajo trata de hallar el equilibrio entre rebajar la cifra para provocar que la patronal entre a negociar, pero que esta no sea lo suficientemente baja como para que la rechacen los sindicatos. Las centrales, que abogaban por una subida superior a los entre 12 y 19 euros que les propone Trabajo, han movido ficha en las últimas horas y se han abierto a aceptar una subida más moderada este año si se cierra un acuerdo para el conjunto de la legislatura. "Es verdad que si llegamos a un acuerdo [para subir el SMI] para el 2021, 2022 y 2023 podemos ser más flexibles", ha declarado este miércoles el secretario general de UGTPepe Álvarez; en un encuentro con periodistas.