La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por prorrogar la concesión de la autopista del atlántico o AP-9, que recorre Galicia de norte a sur para unir Ferrol y Tuy, sin haber hecho la necesaria licitación pública. Según Bruselas, las autoridades españolas deberían haber puesto en marcha un nuevo concurso público en vez de prorrogar por tercera vez la concesión, que tiene la empresa Audasa, hasta el año 2048. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene dos meses para responder a la Comisión Europea.

Según las reglas europeas sobre contratos de concesiones y licitaciones públicas, la extensión de un contrato de concesión es equivalente a una nueva concesión que solo puede ser concedida mediante un concurso público. Por eso considera que las autoridades españolas han vulnerado la normativa europeas al extensión el período de duración de la AP-9 sin lanzar previamente una licitación pública. “La Comisión considera que España no ha cumplido con sus obligaciones bajo las reglas de licitación de la UE”, ha anunciado este jueves.

El Gobierno que lidera Pedro Sánchez tiene ahora dos meses de plazo para responder. Si sus alegaciones no satisfacen a los técnicos comunitarios España podría recibir un ultimátum, previa denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE. La concesión de la AP-9 fue impulsada por el dictador Francisco Franco que la adjudicó por un periodo de 39 años lo que significa que debería haber expirado en el año 2012. El Gobierno de Felipe González, sin embargo, decidió prorrogar la concesión hasta el año 2023 y el Gobierno de José María Aznar de nuevo en el año 2000 hasta 2048.

Además de a España, la Comisión Europea también le ha abierto otro expediente a Italia. En este caso por prolongar sin licitación la concesión de una autopista en el Tirreno. En este caso, sin embargo, ya hay sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que en septiembre de 2019 concluyó que con la extensión de la concesión Italia había vulnerado la legislación europea sobre licitaciones públicas. Dos años después de aquella sentencia, la Comisión Europea ha concluido que Italia sigue sin adoptar medidas para corregir la situación y abre un nuevo frente.

El Ejecutivo comunitario también ha abierto expedientes contra España y Francia por no cumplir con las obligaciones de control y descarga de todas las especies capturadas sujetas a límites de capturas en el mediterráneo y ha lanzado un ultimátum al gobierno por los retrasos en la aprobación de la nueva ley audiovisual. El plazo de transposición se terminó en septiembre de hace un año y España sigue sin notificar sin hacer los deberes. Por este motivo también están expedientados Chequia, Estonia, Irlanda, Croacia, Italia, Chipre, Eslovenia y Eslovaquia.