La sala de lo penal de la Audiencia Nacional todavía debe fallar sobre si la multinacional Alcoa, en su proceso de retirada como fabricante en España, dejó deliberadamente las dos fábricas que quería cerrar, en A Coruña y Avilés, en manos de unos “sicarios del aluminio”, como denominan los trabajadores a Parter Capital —comprador inicial— y a Grupo Riesgo —dueño actual—. Con esta supuesta estafa aún en fase de instrucción, las pesquisas de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) dejan cada vez más indicios de que los compradores de Alu Ibérica no trataban de vivir precisamente del aluminio. Un informe policial reciente detalla cómo el entramado de Riesgo está cuajado de sociedades instrumentales que jamás han estado dadas de alta en la Seguridad Social y cómo esas empresas pantalla están registradas a nombre de posibles testaferros sin propiedades en territorio español, para esquivar los embargos derivados de la cuantiosa deuda que acumula el grupo y proteger a los verdaderos artífices.

Es el caso de la empresa matriz del grupo, Manuel Riesgo SA, que debe cerca de medio millón de euros (413.964,49) a las arcas públicas por impago de la cuota obrera de sus trabajadores. Desde 2018 el administrador único de esta firma es Diego Peris Sirvent y la apoderada, Alexandra Camacho. Son dos de los cuatro directivos de Riesgo que fueron detenidos en el registro de marzo, junto con Víctor Rubén Domenech y Luis Losada. La Seguridad Social no ha podido cobrarse la deuda porque Peris no tiene bienes que puedan ser embargados. No se ha instado inicio de procedimiento de responsabilidad al administrador “al no haberse localizado bienes de sus propiedad”, concreta el documento al que ha tenido acceso este periódico.

- Administradores sin trayectoria empresarial ni bienes que embargar. El informe apunta varias estrategias que los dueños de Alu Ibérica habrían utilizado para llevarse el dinero sin responder ante las deudas. Una, el uso de posibles testaferros como administradores. Personas que ni tienen trayectoria empresarial, ni tienen bienes a su nombre que puedan ser embargados. Otra, la utilización de domicilios alternativos para generar la apariencia de múltiple empresas, cuando en realidad el negocio está radicado en la matriz. Además, las plantillas se confunden de forma que los mismos trabajadores pasan de una sociedad aunque no se muevan de mesa, “con la única finalidad de dificultar y ocultar al verdadero responsable y con ello el cobro de la deuda”, sospecha la Policía.

Para todo esto, Riesgo se habría valido de una “estructura amplia y compleja de sociedades” que Víctor Rubén Domenech, quien figura como dueño del grupo, habría ido tejiendo desde el primer semestre de 2018, el año en el que Alcoa anunció —en octubre— su decisión de cerrar las plantas de A Coruña y Avilés, que terminaría vendiendo en julio de 2019 ante la presión sindical y política.

Riesgo teje su tela de araña con instrumentales que van “facturando con posible función de pantalla frente a una eventual derivación de responsabilidad”. Una de ellas es System Capital Management (actual Iberian Green Aluminum). No tiene ni un solo trabajador en nómina, ni la conocen en la Seguridad Social. Su capital social son seis carretillas que aportó PM MR 1866 SLU, —otra instrumental— y una impresora que puso Camacho. Esta es la sociedad con la que Grupo Riesgo compró Alu Ibérica a Parter en primavera de 2020, con el pago de 13 millones de euros que salieron de las propias fábricas. La Policía ve claros indicios de “instrumentalización” de esta mercantil tras la que a su juicio se “habría ocultado los investigados para la adquisición de las plantas de producción de aluminio de A Coruña y Avilés”.

El administrador de Iberian Green Aluminum es Luis Losada Gómez (también detenido), que en junio de 2019 —mientras se cerraban los flecos de la venta de Alcoa a Parter— pasaba de cobrar un subsidio para mayores de 52 años a darse de alta como autónomo como administrador de varias sociedades. Hasta entonces su vida laboral había consistido en empleos no cualificados en el sector inmobiliario en la provincia de Málaga. La UDEF apunta a su “posible función como testaferro”.

Losada también es administrador de PM MR 1866 SLU pero a la Policía le consta que la titularidad real corresponde al líder de Riesgo, Víctor Rubén Domenech, que también se hace llamar David, y que está en el centro de esta investigación por posible estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, delito contra los trabajadores y asociación criminal en su gestión en las fábricas de aluminio.

- Indicios “claros, concretos e irrebatibles” de posible fraude contra la Seguridad Social. La UDEF solicitó un informe a la Tesorería General de la Seguridad Social sobre la situación de Grupo Riesgo, del que se desprenden indicios “claros, concretos e irrebatibles” de un posible fraude contra la Seguridad Social y de un delito de frustración de la ejecución.

La matriz del grupo, Manuel Riesgo SA, acumula en los cinco últimos años una deuda con la Seguridad Social de unos 414.000 euros. El informe recoge que si bien la esta sociedad mercantil ha ido generando deuda desde su inicio por no abonar las cotizaciones de sus trabajadores, es a partir de 2018 cuando esta aumenta “exponencialmente”. Coincide con el momento en que Peris y Camacho entran en la firma como administrador y apoderada, respectivamente. Si hasta 2017 acumulaban un débito de 25.000 euros, al año siguiente pasan a 176.000.

Riesgo no solo no pagaba las cotizaciones sino que disponía trampas para evitar que la hacienda pública ejecutara esas deudas, maniobras como la “constitución de un usufructo simulado”, con la intención supuesta de “dificultar la eficacia del embargo del bien inmueble”.

- Operando como parte de una organización desde 2018. La Policía observa que a partir de 2018, coincidiendo con el cambio de administradores y el incremento de deuda, Riesgo parece haber comenzado a operar como una parte de una organización, con relaciones mercantiles, económicas y jurídicas o de asesoramiento en las que se aprecia “una posible coordinación con la finalidad de canalizar los rendimientos procedentes de la actividad económica de las empresas deudoras hacia otras sin trabajadores o sin deudas reclamadas por la Seguridad Social”.

- Un aparente “ánimo defraudador” al que Alcoa no es ajena. La Policía aprecia “indicios de un aparente ánimo defraudador” en la conducta de los responsables de Grupo Riesgo y apunta directamente a Víctor Rubén Domenech y Alexandra Camacho. Pero el informe también señala a Alcoa como responsable: “Se nos plantea como poco aconsejable que por parte de Alcoa Inespal se hubiera consentido la venta de los centros de producción a los investigados [Riesgo], circunstancia de la que, aunque no hubiera tenido conocimiento inicialmente, habría sido consentida posteriormente por la multinacional, como demuestra el hecho de haber liberado los fondos que fueron consignados notarialmente ante el incumplimiento del contrato por parte del comprador inicial”, ya que el acuerdo que alfombró la venta de Alcoa a Parter en 2019 —avalada por el Gobierno— prohibía la reventa, que sin embargo se hizo a Riesgo en 2020.

Víctor Rubén Domenech y Alexandra Camacho, una pareja en la cúspide de la trama

El grupo propietario de la fábrica de aluminio de A Coruña, Riesgo, está formado por una maraña de “sociedades que orbitan en torno a la figura de Víctor Rubén Domenech y su pareja Alexandra Camacho Carrascal”, según le consta a la UDEF. Tanto el dueño de Riesgo como Alexandra Camacho tienen prohibida la salida del país desde el pasado mes de marzo, cuando la juez instructora del caso Alcoa, María Tardón, les retiró el pasaporte y les impuso la obligación de comparecer periódicamente en los juzgados, por la sospechas de que estaban vaciando las cuentas de Alu Ibérica y hundiendo las instalaciones fabriles. La pareja fue detenida junto a Luis Losada y Diego Peris, de quienes la Policía sospecha que pudieran ser testaferros. Losada cobraba un subsidio antes de pasar a ser administrador de varias sociedades de Riesgo. Peris no tiene ninguna propiedad en España y por eso no puede ser embargado pese a las deudas de sus empresas.