Las personas que estén en paro y agoten su subsidio por desempleo podrán acceder automáticamente al ingreso mínimo vital (IMV), evitando así un periodo de transición sin ingresos entre uno y otro mecanismo de protección social. Esta es una de las novedades para ampliar la cobertura de la renta mínima estatal que ha anunciado este lunes el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Las diferentes modificaciones para agilizar el acceso y la gestión del ingreso mínimo están pendientes de su aprobación en el Congreso -lo que podría producirse antes de acabar el año- y mediante las mismas el Gobierno estima duplicar, hasta los 1,6 millones, los beneficiarios del IMV a lo largo del próximo ejercicio. Presupuestariamente, el Estado ha dispuesto 3.000 millones de euros para costear durante el 2022 esta renta mínima.

Durará seis meses, aunque dependiendo de la situación familiar del beneficiario puede alargarse hasta los 18 meses

Actualmente hay 829.156 personas que cobran el subsidio por desempleo; según los últimos datos disponibles del SEPE, referentes a agosto del 2021. Este pago se pone a disposición de los desempleados que hayan agotado su prestación contributiva por desempleo o para aquellos que están en paro, pero no han cotizado suficiente antes para poder acceder a la prestación. El subsidio de desempleo dura seis meses, aunque dependiendo de la situación familiar del beneficiario puede alargarse hasta los 18 meses. La nueva modificación que ha anunciado este lunes el Gobierno permitirá que la Seguridad Social contacte con los beneficiarios meses antes de que venza el derecho a subsidio para empezar a tramitar la solicitud del IMV y así encadenar un pago con el otro, si antes dicha persona no ha conseguido encontrar un nuevo empleo.

El objetivo del Ejecutivo es evitar que estas personas caigan "en tierra de nadie", según ha definido la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de la que luego "es mucho más difícil salir", ha insistido. El ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, ha detallado también otras modificaciones que ya solo están pendientes del trámite parlamentario. A partir de su aprobación, se reducen de 12 a 6 meses los requeridos por la Seguridad Social para acreditar una unidad de convivencia. Elemento clave para calcular los ingresos disponibles y el importe consecuente de la prestación.

Escrivá ha manifestado una cierta preocupación con las actuales coberturas ya que "vemos que hay personas que podrían pedirnos el IMV y no lo están haciendo"

Nuevo registro para las ONGs

Otra novedad "inminente", según ha afirmado Escrivá, es la apertura del registro de mediadores con la Seguridad Social. Este registro permitirá a las entidades no gubernamentales (ONGs) acreditarse para poder emitir certificados de vulnerabilidad y, en determinados casos, solicitar en nombre de personas individuales una prestación de ingreso mínimo. Recientemente la Seguridad Social ha comenzado a aceptar certificaciones de servicios sociales de los ayuntamientos para tal menester.

Escrivá ha manifestado una cierta preocupación con las actuales coberturas -el IMV llega a 340.000 hogares en los que viven unas 800.000 personas- ya que "vemos que hay personas que podrían pedirnos el IMV y no lo están haciendo". Es por ello que, además de esos mediadores, la Seguridad Social activará unidades que, proactivamente, contactarán en los próximos meses con esos potenciales beneficiarios para informarles de que tienen derecho a esa prestación.