La negociación sobre la reforma laboral entra en su fase final con una nueva estructura que aumenta el número de espacios de diálogo, suma nuevos participantes a las conversaciones e incluso puede replantear los temas a debate. El pacto entre las dos alas del Gobierno para desbloquear el conflicto por el control de la reforma entre la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se hace a costa de añadir una notable complejidad a las negociaciones en marcha, y todo a un mes de que el diálogo tenga que cerrarse: el plazo acordado con Bruselas para tener aprobada la norma es el 31 de diciembre, pero para poder cumplir con los requisitos formales que exige la aprobación de un Real Decreto-Ley las conversaciones deberían concluir, según fuentes del Gobierno, a principios de diciembre como tarde, con acuerdo o sin él.

Esta enrevesada estructura da lugar en la práctica a una "mesa política" y a una "mesa técnica", una fórmula que no tiene par en esta legislatura y va contra la práctica de la negociación de los últimos meses, basada en la paciencia, la continuidad de los interlocutores y los plazos flexibles. El diálogo sobre la ley de riders, por ejemplo, comenzó en octubre de 2020 y terminó en marzo de 2021, cinco meses, aunque su aprobación tuvo que esperar a mayo, y su entrada en vigor a agosto; y eso que sólo ocupa una página y consta de un único artículo. La reforma de las pensiones empezó a debatirse en noviembre y su primera fase se remató con un acuerdo el 1 de julio, tras siete meses de conversaciones, pero el pacto se logró a costa de dejar pendientes varios temas importantes que todavía siguen discutiéndose. Hasta la fecha, en las negociaciones estructurales un ministerio ha llevado siempre la voz cantante (Trabajo en los riders, Inclusión en pensiones) y la influencia de otras carteras, como Economía y Hacienda, se ejercía entre reuniones, no en los propios encuentros.

Metodología y contenido

Hasta ahora, las negociaciones de reforma laboral seguían el modelo usual: se concentraban en una reunión semanal, todos los miércoles por la mañana, entre el Secretario de Estado de Empleo y los responsables de asuntos laborales de UGT, CCOO, CEOE y Cepyme. Con este método se ha avanzado a lo largo de 22 reuniones desde el 17 de marzo hasta este miércoles, y este trabajo ha dado como fruto un documento resumen de 29 páginas que Trabajo compiló, a partir de sus propuestas, el pasado 14 de octubre. La crisis subsiguiente en el seno del Gobierno ha generado la nueva estructura que se aplica a partir de ahora: al encuentro semanal acudirán al menos dos integrantes más (de Economía e Inclusión), e irá precedido y seguido de reuniones de coordinación intergubernamentales. En cuanto a los contenidos, están todavía a examen: el Gobierno definirá su posición en una reunión al más alto nivel el próximo martes, 2 de noviembre, que ya ha empezado a prepararse: este mismo miércoles por la tarde el Secretario de Estado de Empleo ha hecho un primer repaso, en un encuentro celebrado en Trabajo con representantes de otros ministerios, de todos los temas sobre la mesa (desde la negociación colectiva a la formación). El objetivo: determinar dónde están los desacuerdos en el seno del Ejecutivo.

Precisamente la doble naturaleza del cambio en la negociación, en la metodología y en el contenido, anticipa nuevas complicaciones, porque cada uno de los sectores del Gobierno pone el acento en uno de los problemas. Para el ala socialista, no hay controversia en las materias y la solución a la disputa se alcanza con los cambios formales y la participación de más ministerios; en cambio, en la parte de Unidas Podemos repiten que el fondo del asunto está en que en Economía no quieren revertir aspectos cruciales de la reforma laboral de 2012, como lo referido a la negociación colectiva (es decir, la duración y la jerarquía de los convenios).

Los agentes sociales han recibido el cambio con cautela: formalmente, no entran en la organización interna del Gobierno y mantienen el optimismo sobre la posibilidad de un acuerdo entre Ejecutivo, sindicatos y patronales antes del final del plazo. Sin embargo, los sindicatos no ocultan su inquietud por la posibilidad de que la derogación de la parte de convenios de la reforma laboral de 2012 pueda ser puesta en entredicho, y avanzan que no descartan movilizaciones si no se acomete este cambio que ellos definen como una "línea roja".

Sin novedad en la mesa técnica

Mientras en las altas esferas del Gobierno se acordaba la arquitectura de las próximas reuniones y el reparto de competencias entre departamentos, sobre el terreno, en el Ministerio de Trabajo, los negociadores habituales celebraban la reunión de contenidos de todos los miércoles. Según uno de los participantes en ese encuentro la reunión ha transcurrido "como si no hubiese sucedido nada, hemos hablado de los temas abiertos (temporalidad, prevalencia de los convenios, contratos formativos...); ha sido un día fructífero, aunque sin avances reseñables". La única novedad: que les han anunciado que a partir de la reunión que viene vendrán dos caras nuevas: los Directores Generales que enviarán Inclusión y Economía.