Suscríbete

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Tras el cambio regulatorio

Al menos tres cuartos de la demanda eléctrica se libran del 'hachazo' del Gobierno

Iberdrola y Endesa aseguran que toda su energía está vendida a precio fijo y sugieren que el impacto del recorte será mínimo

La central nuclear de Ascó, en la provincia de Tarragona.

La central nuclear de Ascó, en la provincia de Tarragona.

El pulso entre el Gobierno y las eléctricas se ha amainado de manera radical, real decreto mediante. Iberdrola y Endesa han aplaudido este miércoles el cambio regulatorio del Ejecutivo según el cuál el ‘hachazo’ a los ingresos de las centrales inframarginales (nucleares, hidráulicas y algunas renovables) por el alza del gas no afectará a aquellos contratos a precio fijo. La respuesta de las dos principales eléctricas, Iberdrola y Endesa, ha sido la misma: “Tenemos toda la energía vendida con contratos a precio fijo”.

Más allá de si es exactamente toda su energía o se trata de una frase hecha, ambas compañías sugieren que el impacto del recorte, tras el cambio del martes, será mínimo. Y a falta de más datos, lo cierto es que, según la cifras proporcionadas por Iberdrola en la presentación de resultados, el 76% de la demanda en España (190 teravatios hora que corresponden a 18 millones de clientes residenciales e industriales) está protegido por contratos a precio fijo. Es decir, como mínimo tres cuartos de la demanda estará exenta del recorte.

Otro 10% (25 teravatios-hora que pertenecen a 10 millones de consumidores) son clientes domésticos con tarifa regulada y el 14% restante (35 teravatios –hora que correspoden a 500.000 industriales y administración pública) tienen contratos indexados al mayorista o con cobertura por decisión propia. Estos a priori sí se verían afectados, pero es posible que una parte de ellos no esté cubierto por tecnologías inframarginales (las que el Gobierno ha penalizado porque no sufren el coste del gas), por lo que tampoco sufriría el recorte. La incógnita sobre la oferta se resolverá en las próximas semanas, tras la presentación de toda la información por parte de las eléctricas que esclarecerá con exactitud qué cantidad de energía se verá penalizada.

El objetivo del Ejecutivo era recortar los ingresos de las centrales eléctricas que no tenían que hacer frente al coste del gas (no utilizan esta materia prima) pero se benefician de que el mercado español es marginalista (la última tecnología en casar oferta y demanda es la que marca el precio para el resto) y, por tanto, reciben la misma retribución. El Gobierno estimó que el recorte se elevaría a unos 2.600 millones de euros que servirían para ingresar al sistema, en sustitución de los cargos eléctricos que se rebajaron en un 96% para reducir la factura final de los consumidores, junto con los impuestos (rebaja del IVA y del Impuesto Especial de la Electricidad).

Trasvase a la industria y cambios en el PVPC

El objetivo del Gobierno para matizar el decreto ha sido, según aseguró la ministra, provocar un trasvase de clientes industriales --según las cifras de Iberdrola, ese 14% de la demanda-- hacia los contratos a precio fijo, lo que provocaría que este tipo de usuarios (para quienes la factura de la luz representa una porción muy elevada de sus costes de producción) tuviese precios más bajos que los actuales (en torno a los 200 euros de media) y al mismo tiempo libra a las eléctricas de la minoración por el alza del gas.

A esto hay que añadir la “reformar” de la tarifa regulada que tiene 'en observación' el Gobierno. El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto una consulta pública para cambiar la denominada tarifa de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), al que están acogidos 10,5 millones de consumidores en España. Indexado al mercado mayorista de la electricidad, los gigantes de la luz se quejan de que es una fórmula poco habitual en otros países y es en parte culpable de gran parte de la polémica social generada en torno al alza de la electricidad, por ello abogan por su eliminación. Todo ello pese a que el Ejecutivo y el regulador (la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha defendido durante años que esta era la tarifa más barata y transparente.

Compartir el artículo

stats